Catalunya se dota de una pionera ley integral contra la homofobia

Catalunya cuenta desde hoy con la primera ley integral del mundo, o la más integral por lo menos, contra la homofobia. La aprobó ayer el Parlament y contiene varios elementos decisivos, entre los que destaca por encima del resto un régimen sancionador, que prevé multas e inhabilitación. Esa es la gran diferencia con otras normas que se quedan en las buenas intenciones. También figura la inversión de la carga de la prueba, que en determinados supuestos obliga al denunciado a demostrar que no ha discriminado al denunciante. Es algo que no afecta a denuncias entre personas en el ámbito penal o en el de las sanciones previstas en la ley, sino en el civil, que ya se aplica en España en ámbitos como el laboral y que está respaldado por una directiva europea.

La ley de derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, según su denominación entera, protegerá de forma genérica los derechos de la comunidad LGTB y supone dar respuesta a una reclamación histórica de un colectivo que hace apenas tres décadas se veía en posición de ir a la cárcel por la condición sexual de sus integrantes Cuenta Francesc Jaurena, jurista y uno de los redactores de la ley, que en otras comunidades autónomas u otros países existen elementos de esta norma, pero no juntos en una de carácter integral, como esta. Que podría ser más integral, prosigue: la oficina que debe velar por el cumplimiento de la ley estará bajo el paraguas institucional de la Generalitat, que no es lo más idóneo si debe juzgarla por un hecho presuntamente homófobo. En puridad, debería ser independiente. Pero es una laguna que Jaurena ve como el mal menor de un triunfo.

La ley alude a todos los ámbitos, del laboral al sanitario, pasando por el educativo, y el régimen sancionador define infracciones leves, graves y muy graves, sancionadas económicamente con multas que van de unos 500 euros a más de 5.000 euros (el mínimo es el pago de un mes del indicador de renta de suficiencia según su cuantía en Catalunya, 569,12 euros en el 2014). También se prevé sancionar con la prohibición de recibir ayudas y subvenciones hasta cinco años y con la de ser contratado por la Generalitat durante hasta tres años.

Casi todos los grupos del Parlament convirtieron sus turnos en mensajes de reconocimiento al colectivo LGTB y al resto de parlamentarios que han participado en la elaboración de la norma. Las excepciones fueron el PPC y Unió. Los populares rechazaron de plano la ley, y lo resumió su diputada Dolors López con una frase que resultó memorable: «Es discriminación, aunque sea positiva». Unió quiso marcar distancias con el PP. La democristiana Mercè Jou explicó que su partido estaba en desacuerdo con el régimen sancionador, la inversión de la carga de prueba y la previsión de difundir contenidos relacionados con el colectivo LGTB en el sistema educativo.

UNIÓ Y LA CARTA DE DURAN

 Unió pidió votación separada y en estos tres aspectos votó en contra. CDC votó a favor aunque no está del todo cómoda con el asunto, ya que prefería una ley general antidiscriminación, que, recordó la consellera de Benestar Social, Neus Munté, se quiere aprobar el año que viene. Sobre el debate planeó la sombra del líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, que el pasado viernes, en la carta web que escribe semanalmente, se reprochó a sí mismo que los democristianos no hayan presentado enmienda a la totalidad de la ley, de la que aseguró que no es de protección sino de «promoción» de los gais, fruto de la presión de un lobi. Una posición que mereció alusiones de varios oradores. En su carta, el democristiano fue más allá y denunció que implantar la ley supondrá abrir «chiringuitos». «El único chiringuito es el que algunos tienen en el Hotel Palace hace 40 años», espetó David Fernàndez, de la CUP. «Cree el ladrón que todos son de su condición», dijo el socialista Miquel Iceta, sin citar al democristiano pero aludiendo inequívocamente a la figura del portavoz de CiU en el Congreso y a su tesis de que un poderoso lobi gay está detrás de la aprobación de la ley antihomofobia que ayer aprobó Catalunya.