«Nos reclaman lo que ya invertimos»

Durante muchos años, Francisco Lagunas, que hoy tiene 65, se levantaba cada día con su mujer, Josefina Coca (62), para sacar adelante su negocio, un pequeño quiosco en el barrio barcelonés de Les Corts. Pero en 1997 todo cambió. Francisco fue operado varias veces de un meningioma (tumor cerebral) y tuvo que dejar de trabajar. Se recuperó relativamente bien de las dos primeras intervenciones, pero en el 2002 lo operaron de nuevo y el resultado no fue el mismo. Tras sufrir un infarto cerebral que derivó en una hemiplejia, se le concedió un 85% de minusvalía.

En los dos primeros años, Francisco se vio confinado en una silla de ruedas. «Aun así mi padre se veía normal, no quería aceptar que estaba limitado», cuenta su hija Sonia (34 años, profesora).  Luego fue mejorando, pero «necesita ayuda, no puede hacerlo todo solo». Durante todo este tiempo, Josefina ha compaginado el trabajo con el cuidado de su marido. «La suerte de no estar asalariada me daba libertad para ir y venir del médico con él», dice. En el 2008, tras ponerse en contacto con servicios sociales, la familia solicitó las ayudas previstas por la ley de dependencia. A Josefina le correspondieron 133,19 euros al mes como cuidadora no profesional.

En el 2012, Francisco tuvo que ser operado de nuevo. Le extirparon un globo ocular. Por consejo del trabajador social, la familia pidió una revisión del nivel de dependencia por empeoramiento. El efecto, sin embargo, fue el contrario: el cambio en los baremos como consecuencia del hachazo presupuestario a la dependencia les perjudicó, y a principios del pasado año les hicieron firmar una modificación de la prestación por la que pasaban a recibir 38,34 euros. Y no solo eso: se les reclamaban 865,97 euros que la Administración consideraba que les había pagado de más en los meses anteriores.

REDUCCIÓN A CERO / Se les dijo que se les restaría cada mes un 30% de esos 38,34 euros hasta saldar la deuda. Pero el pasado enero ya no recibieron nada. «Han pasado de reducirnos un 30% a un 100%».

Tras presentar diversas quejas a la Administración, el resultado sigue siendo el mismo: «Nos hacen devolver una ayuda que le había sido concedida y que ya hemos invertido. Y además, lo hacen cuando su estado ha empeorado». Tampoco dio fruto la intervención del Síndic de Greuges, Rafael Ribó. «El Síndic nos dijo que había hecho todo lo que había podido, pero que la ley ha cambiado y no hay nada que hacer. El caso está archivado».