Wert acusa a la Generalitat de "sobrerreaccionar" contra su ley por "otros motivos"
"Es falso que sea una imposición, yo no me he inventado a los padres que piden escolarizar a sus hijos en castellano", se defiende al ministro
El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, ha respondido a las críticas de la Generalitat por la imposición del castellano en la su ley educativa afirmando que esta Administración “ha sobrerreaccionado por otros motivos” en los que no ha querido entrar. “Es falso de toda falsedad que sea una imposición. Es una salvaguardia. Yo no me inventado a los padres que han ido a reclamar a la Generalitat y a los tribunales”, ha argumentado.
Wert ha participado en un desayuno informativo del Foro Madrid en el que ha dedicado mucho tiempo a despejar lo que él ha calificado de una “interesada confusión absoluta” sobre el papel del castellano en la la ley. “Quienes quieren excluir el castellano en aras a la normalización comenten un error. El castellano común no corre peligro, se recibe por ósmosis, pero no es lo mismo que aprender el castellano culto”, ha defendido.
Lo único que hace la ley, según el ministro, es garantizar “un derecho reconocido por el Tribunal Constitucional”. “Me da igual que sean ocho, que ochenta, que 80.000” los que lo pidan”, es su derecho, ha sostenido, después de calificar “los términos militares” con que ha respondido la Generalitat con una metáfora que algunos no han comprendido: “Son los pajaritos apuntando a las escopetas”, ha dicho. A los periodistas que han consultado a los portavoces del ministerio sobre su significado, les han respondido así: “Ustedes deben haber estudiado con la LOGSE”.
Los anuncios de recursos al Constitucional le parecen prematuros a Wert, “cuando la ley no ha empezado ni a tramitarse en el Congreso”. Aunque esto pudiera indicar que está dispuesto a introducir cambios, también ha afirmado que si las críticas que se van a formular a la ley son las que “escuchadas hasta ahora” es que la nueva norma “es buena”. Sobre el uso del castellano solo está dispuesto a cambiar si la Generalitat le ofrece otro sistema que garantice el derecho de los padres.
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