Los rectores condicionan la reforma universitaria a la financiación

Ni figuraba en la agenda oficial ni se permitió a la prensa acceder al lugar del encuentro. El ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, convocó ayer un Consejo de Universidades poco menos que clandestino para analizar con los rectores el informe encargado a nueve expertos sobre la reforma universitaria. El fruto del encuentro fue la creación de un grupo de trabajo conjunto para acordar la reforma y una advertencia de los rectores al ministro: los cambios deben ir acompañados de una solución a los problemas de financiación que «ahogan» a las universidades.

Dados los precedentes de falta de sintonía con los rectores (hace unos meses protagonizaron el primer plante de la historia del Consejo de Universidades), Wert no solo no difundió la convocatoria sino que sugirió a los rectores que tampoco lo hicieran. Quería evitar enzarzarse en polémicas desde el primer día como le ha ocurrido otras veces.

Pero en la reunión de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) previa al consejo de la tarde, los responsables universitarios acordaron transmitir al ministro su «especial preocupación por la actual situación económica», por las severas restricciones a la renovación de plantillas y por la subida de tasas y el recorte de becas. «Lo que más nos preocupa, y ha sido el gran debate de hoy, es la situación actual en la que estamos inmersas las universidades españolas: todas estamos con problemas financieros y con muchas necesidades», explicó la presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle.

PROPUESTAS MUY DIFÍCILES / «La escasez de recursos impide que demos la mejor prestación que deberíamos dar y, por lo tanto, lo que pedimos al Gobierno es que se tenga esto en consideración y que volvamos al menos a la situación de partida si hemos de volver a asumir cualquier tipo de reforma», añadió De la Calle. Sobre las propuestas de la comisión de expertos, la CRUE indicó en un comunicado que unas son «aceptables y comprensibles», pero otras son «muy difíciles de llevar a la realidad en estos momentos», tanto jurídicamente como

financieramente.