La iniciativa gubernamental

El texto del decreto restringe aún más el amparo ante los desahucios

Los juristas y los afectados abominan de la nueva norma, cuya vigencia expirará dentro de dos años

El Gobierno solo protege a familias condenadas a perder la casa y no detiene los intereses de demora

Perpetua Obi y su hijo, el jueves, en su piso de Santa Coloma de Gramenet, aguardando el desahucio que a última hora fue aplazado.

Perpetua Obi y su hijo, el jueves, en su piso de Santa Coloma de Gramenet, aguardando el desahucio que a última hora fue aplazado. / AP / MANU FERNÁNDEZ

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TONI SUST
BARCELONA

A medida que se analizan los detalles y la falta de estos en el decreto del Gobierno para establecer una suspensión temporal de desahucios solo en casos de extrema pobreza de las familias deudoras de una hipoteca, crece la indignación entre los afectados y los juristas. El texto, en vigor desde ayer, deja desamparada a la inmensa mayoría de los afectados; solo dará cobertura a los que ya están condenados de hecho a perder su vivienda (y que además cumplan una restrictiva serie de requisitos).

El decreto solo prevé la suspensión temporal del desahucio una vez que este ya se encuentra en fase judicial. En ningún caso faculta al juez para dictar una moratoria del pago de las cuotas hipotecarias con el fin de dar un respiro a la familia para que intente recuperarse económicamente y evitar llegar al punto del desahucio.

Otra disfunción evidente: pese a que se había entendido que la moratoria era de dos años por caso, ayer, a la vista del texto publicado en elBOE, quedó claro que el plazo de interrupción de los desalojos, siempre bajo los restrictivos supuestos incluidos, empezó ayer y acaba el 16 de noviembre del 2014. Si nada cambia, pasado ese día desaparecerá la protección, pero losprotegidos no estarán mejor. Porque ese es otro equívoco: el de pensar que una persona cuya situación económica haya mejorado en esos dos años pueda optar a recuperar su casa.

SOLTEROS Y DIVORCIADOS / No es así: en el momento en el que un piso por el que se ha dejado de pagar la hipoteca es subastado, ya no hay vuelta atrás, ya no se pueden volver a pagar recibos. Ya no se puede recuperar el piso. La subasta es el paso previo al desahucio, recuerda Martí Batllori, presidente de la comisión de defensa del Col·legi d'Advocats de Girona, uno de los tantos juristas que ayer no daban crédito al decreto. Batllori subraya otro elemento conflictivo: el texto deja fuera a los solteros y divorciados que no tengan dos hijos a cargo o uno menor de tres años. Y también a las parejas que no se hayan inscrito como pareja de hecho. Como denuncia Batllori, esto último es cada vez más complicado porque hace tiempo que algunos ayuntamientos están cerrando la lista de parejas de hecho por considerar que es un coladero de extranjeros que buscan la residencia legal de forma fraudulenta.

Otra gran carencia, a ojos de los afectados, es la falta de retroactividad. La disposición transitoria única del decreto fija que es de aplicación en casos en los que ya ha empezado la ejecución hipotecaria pero aún no se ha ejecutado el desahucio. Dicho de otro modo: si el jueves le desalojaron de su casa, ya no puede acogerse a la medida gubernamental. En el fondo, eso supone también marcar terreno contra la petición de regular la dación en pago retroactiva. La iniciativa legislativa popular que persigue que la dación sea debatida en el Congreso no parece haber hecho mella estos días en el Ejecutivo ni en el PSOE, ya que en sus reuniones no estuvo sobre la mesa.

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INTERESES DE DEMORA / Batllori subraya asimismo que los intereses de demora no dejan de sumar durante la suspensión del desahucio. Una persona que se beneficie de esta no dejará de ver cómo aumenta su deuda si, como es tan común, tras perder el piso sigue debiendo dinero de la hipoteca al banco. En ese periodo, incluso podría ver embargados sus ingresos, si los tiene, avisa Batllori.

Afectados y juristas certificaron ayer su denuncia de que el decreto responde al dictado de la banca y deja fuera a la mayoría de los que están a punto de perder la casa. Creen que no soluciona un problema que atenaza a la sociedad española, que cada día sufre 500 desalojos. La portavoz de la PAH, Ada Colau; el diputado de la comisión de normativa del Col·legi Jesús Sánchez; la abogada Eva Corredoira, y Batllori vinieron a concluir que hubiera sido mejor no regular que hacerlo así.

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