La búsqueda de un acuerdo

A criterio del banco

Las entidades suspenden los desahucios en casos «de extrema necesidad», pero no precisan cuáles son

La banca tendrá la última palabra hasta que cambie la legislación

Concentración contra un desahucio en Valencia, finalmente paralizado.

Concentración contra un desahucio en Valencia, finalmente paralizado. / MIGUEL LORENZO

3
Se lee en minutos
MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / BARCELONA
PABLO ALLENDESALAZAR / MADRID

El sector financiero aceptó ayer suspender los desahucios mientras no se desarrolle una nueva ley que regule los lanzamientos,como se les llama en su jerga. Lo hizo a través de las dos patronales en las que se integra: la AEB (bancos clásicos) y la CECA (bancos de antiguas cajas). Las dos asociaciones emitieron sendos comunicados que, eso sí, incluían conceptos estudiadamente ambiguos.

La asociación bancaria aseguró que no habrá desahucios cuando se den situaciones«de extrema necesidad».La de las cajas afirmó que la medida beneficiará a los«colectivos especialmente vulnerables».Pero ninguna de las dos precisaron a qué casos se referían. La conclusión es que mientras no se desarrolle la nueva ley seguirán siendo los bancos los que decidan quiénes están en situación de extrema necesidad.

A modo de ejemplo, el presidente de la AEB, Miguel Martín, precisó que los casos que podrían entenderse como de máxima gravedad serán los que reúnan circunstancias como«enfermedades graves, dependencia, elevada edad, hijos».Algo suficientemente impreciso como para que se puedan aplicar criterios diferentes. Entre las entidades, sin embargo, se subraya que no será tan complicado aplicar esos criterios:«Una empresa que no pueda pagar la hipoteca de un local no entrará en el supuesto; una segunda residencia, tampoco; alguien que se ha arruinado y tiene una hipoteca de 500.000 euros no será considerado especialmente vulnerable».

Soluciones a medida

En la CECA se asegura que, en cualquier caso, los desahucios son menos numerosos que las soluciones pactadas. Las entidades, se añade, han estudiado caso por caso para ofrecer opciones alternativas, como las refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago y la adquisición de la vivienda para su posterior alquiler al deudor.

Los bancos clásicos, por su parte, destacan que la mayor parte del problema se da en las antiguas cajas debido a que dieron miles de hipotecas a clientes que no estaban en una situación económica propicia para recibirlas.«En Madrid, el 80% de los desahucios son de Bankia. Lo mismo pasa en Catalunya con sus cajas. Habiéndonos excedido todos, sus criterios de valoración fueron mucho más laxos»,aseguran.

Los bancos afirman que«el código de buenas prácticas del Gobierno ha sido un fracaso porque muy pocas familias cumplían sus criterios».Y aseguran haber ido mucho más lejos de lo que se les pedía.«Estábamos gestionando este problema tan serio de forma individual, pero la sociedad no lo percibía. Por eso, tras un debate de semanas, hemos decidido suspender los desahucios dos años»,explican.

Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tachó ayer el gesto del sector de«parche» y se mostró preocupada por los criterios que empleará.«Absolutamente todas las familias que se encuentran en esta situación son consideradas de extrema necesidad y vulnerables»,defendió. De hecho, para que las entidades accedan a renegociar los créditos normalmente es necesario tener un mínimo de ingresos. CatalunyaCaixa reconocía ayer que ha mejorado las condiciones para las personas que tienen que pasar de propietario a inquilino, rebajando su alquiler social de 300 euros al mes a 175 euros. También afirmó que desde el 6 de noviembre no ha llevado a cabo ninguna ejecución hipotecaria.

Noticias relacionadas

Además de para solucionar el creciente drama social, el Gobierno tiene cierta urgencia en definir una normativa menos lesiva que la actual por su propio interés, ya que elbanco malova a asumir muchos créditos hipotecarios que podrían quedar sin pagar.

El Ministerio de Economía, asimismo, ha pedido al sector que aporte su enfoque para revisar la ley, lo que en buena parte significará limitar la concesión de hipotecas. Se estudia, así, establecer que quien no disponga de ahorros suficientes para pagar una parte significativa del valor de la vivienda no pueda acceder a una hipoteca, de manera que nadie se pueda endeudar por encima de un umbral.