Emergencia social

Un dictamen explosivo

Si el Tribunal de la UE hace caso de su abogada general, obligará a cambiar la ley

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J. G. ALBALAT
BARCELONA

José María Fernández Seijo, el magistrado que ha llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) la ley hipotecaria española, considera que el dictamen de la abogada general Juliane Kokott demuestra la«debilidad» del sistema jurídico actual y abre la puerta a que con la futura sentencia los jueces revisen de oficio las cláusulas abusivas en los créditos. Sin embargo, todavía falta el fallo, que puede provocar un terremoto judicial, si el Gobierno no lo remedia.

En el caso de que el Tribunal de Justicia de la UE tenga en cuenta el criterio de la abogada general, las consecuencias jurídicas serán importantes. No solo para el vecino de Martorell que presentó la demanda por cláusulas abusivas tras ser desalojado de sus vivienda, sino también para otros asuntos similares. O, como opinan algunos juristas, servirá para que el Gobierno reforme por fin la ley, si es que no lo hace antes del fallo. El dictamen de la abogada general, que suele ser tenido en cuenta por los magistrados europeos, puede dar la puntilla a la actual legislación.

En el supuesto de que el tribunal europeo resuelva que la normativa española no garantiza la protección de los deudores, los jueces civiles españoles podrán valorar de oficio y antes de proceder al desahucio si las cláusulas de la entidad financiera son abusivas. Si es así, cabe la posibilidad de denegar la petición de desalojo.«La tutela del consumidor la asumirá el juez»,según Fernández Seijo. Los jueces decanos españoles han denunciado esta semana que el deudor está indefenso ante una reclamación de impago de hipoteca.

El vecino de Martorell, sin embargo, no recuperaría su vivienda, ya que fue desalojado en enero del 2011, pero sí que podría reclamar una compensación. El demandante reclama ahora a la justicia española que se rechace una cláusula de la escritura de constitución del préstamo hipotecario y, por lo tanto, que se declare nulo el proceso que provocó el desahucio.

Para el juez Fernández Seijo, la legislación española es«demasiado severa»en los procesos de ejecución hipotecaria, pese a que España debería hacer adaptado su normativa a las directivas comunitarias ya en 1995, mucho antes de la crisis económica y del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Más marginalidad

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Tras expresar sus cautelas a la espera de la sentencia, el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, aseguró ayer que la resolución del Tribunal de Justicia de la UE obligará a cambiar la ley hipotecaria y añadió que también«sería lógico»que forzase la suspensión de los procedimientos de desahucio iniciados. A su juicio,«no se puede soportar»que, con una ley hipotecaria que data de principios del siglo XX, se esté«empujando a la marginalidad a un porcentaje tan elevado de personas».

En su asamblea general de ayer, la asociación profesional de magistrados Foro Judicial Independiente (una de las cuatro existentes) recomendó a los jueces suspender todos los procesos de ejecución hipotecaria pendientes tras el dictamen en el que la abogada general del Tribunal de Justicia considera que la norma española sobre ejecuciones hipotecarias es incompatible con la europea. El portavoz de la asociación, Ángel Dolado, precisó que«ante la duda que plantea», se deberían suspender todos los procesos hasta que los jueces europeos dicten sentencia.