El Govern estudia un impuesto sobre la contaminación para luchar contra el cambio climático

Medi Ambient plantea la implantación de varias tasas ambientales

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ElGovernestudia implantar impuestossobre lacontaminaciónatmosférica, la producción termonuclear deenergía eléctrica, el almacenamiento deresiduos radiactivos y por cada pernoctación turística para financiar medidas que eviten el impacto delcalentamiento global. Estas son algunas de las propuestas que incluye el documento Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic, presentado este lunes por elsecretariodeMedi Ambient de laGeneralitat,Josep Enric Llebot. El texto recoge más de un centenar de medidas cara a adaptarse al cambio climático, sobre las que el Govern deberá decidir a finales de año.

Actualmente, Catalunya solo dispone de dos impuestos de carácter ecológico -el canon del agua y el canon sobre depósito de residuos urbanos-, pero no se descarta una nueva fiscalidad ambiental que puede incluir la figura del pago por servicios ambientales en sectores como el forestal, el agroganadero y el del agua.

Los Pirineos y el delta

El documento analiza los sectores más frágiles para tratar de queCatalunya sea menos vulnerable a los cambios que se esperan, y que afectarán especialmente a losPirineos, donde la temperatura media puede aumentar 3 grados, y aldeltadelEbro, que sufrirá cambios por el aumento del nivel del mar. Con estos ingresos se tendrían que lograr los recursos públicos necesarios para lograr la financiación adecuada que permitiera la ejecución de las medidas de adaptación, que en definitiva proporcionarían más solidez a los sectores económicos.

El documento, que se someterá a un proceso de participación pública, analiza la situación del agua, la agricultura y ganadería, la biodiversidad, los bosques, la industria y los servicios, la movilidad e infraestructuras de transporte, la pesca, la salud, el sector energético, el turismo, el urbanismo y la vivienda. Para ello se han tenido en cuenta experiencias de otros países, algunos de los cuales tienen una normativa jurídica específica para las políticas de cambio climático.

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También se remarca que la misma UE propone en España la necesidad de avanzar hacia una nueva fiscalidad que, sin implicar un incremento en su presión, sea incentivadora de cambios de comportamiento hacia actitudes que reduzcan los impactos ambientales.