El 'sí' de Rasquera a la marihuana descoloca a Interior y a la fiscalía

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Las autoridades políticas, jurídicas y policiales de Catalunya no eran capaces ayer de responder claramente qué van a hacer ante la gran plantación de marihuana que la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), con 5.000 miembros, propone cultivar en Rasquera (Ribera d'Ebre). Elsíque el pleno del ayuntamiento de la localidad dio anoche al proyecto ha pillado por sorpresa al Gobierno catalán, a los Mossos y a la fiscalía, que no tienen claro qué hacer (prohibir o tolerar) ni quién debería hacerlo.

Pese a la aprobación municipal, el proyecto de la ABCDA y Rasquera sigue teniendo encima la espada de Damocles de la prohibición, pues el código penal deja claro que el cultivo de droga es ilícito. Como suele suceder cuando un nuevo fenómeno irrumpe en la realidad, las distintas administraciones se iban pasando ayer la responsabilidad sobre quién debe decidir si esa plantación puede ponerse en marcha o no. Fuentes de la Fiscalía de Catalunya señalaron que, sobre la decisión del ayuntamiento, por tratarse de una institución pública, quien debe pronunciarse es la abogacía de la Generalitat o del Estado. «Si finalmente la plantación se hace, entonces la Fiscalía de Tarragona estudiará el caso para determinar si hay que actuar o no», señalaron esas fuentes.

De forma no oficial, fuentes de la Generalitat señalaron que la ley deja claro que cualquier cultivo de droga es ilegal con lo que, si la plantación tira adelante, corre el riesgo de que en cualquier momento los Mossos o la fiscalía actúen y destruyan las plantas. «La salvedad sería que obtuvieran de Salut un permiso para el cultivo de marihuana con fines medicinales. Pero eso no es lo que está sobre la mesa», señalaron.

RESQUICIO LEGAL / A la Conselleria d'Interior, el aval municipal también la pilló por sorpresa. «Hemos encargado estudios jurídicos y esperamos las conclusiones», dijeron fuentes del departamento. Aunque el proyecto ha sido preparado minuciosamente, los expertos legales consideran que es difícil encontrar amparo legal para una plantación de tan grandes dimensiones. Para Francisco Blázquez, presidente de la comisión de drogas del Col·legi d'Advocats de Barcelona, «el resquicio por el que puede salvarse es que la jurisprudencia está dando cierta cobertura al cultivo de marihuana para el autoconsumo y el uso terapéutico. Y esta plantación está planteada como una suma de pequeños cultivos para personas concretas».

El proyecto de Rasquera se aprobó anoche por cuatro votos contra tres. El posicionamiento contrapuesto del equipo de gobierno (ERC) y la oposición (CiU) tenía en el público que llenaba el centro cívico una fiel réplica. El pueblo está dividido. Se plasmó una concepción divergente entre las dos partes, representadas en la mesa por el alcalde, Bernat Pellisa, y el jefe de la oposición, Bernat Farnós. Mientras el republicano se esforzaba en exponer las posibilidades de desarrollo que la plantación representa para el deprimido municipio, su opositor planteaba insistentemente dudas sobre la cuestión principal que sobrevolaba la discusión: ¿cuál será el beneficio real para el municipio y cuántos los puestos de trabajo? Pellisa habló en la la rueda de prensa posterior de entre 40 y 50 empleos, y el proyecto prevé 550.000 euros anuales por el alquiler de los terrenos destinados al cultivo de marihuana.

El alcalde instó a la Generalitat a dar un paso adelante ante «una oportunidad histórica» y aseguró: «Celebro que el Govern esté expectante, estamos esperando a que se manifieste. El ayuntamiento de Rasquera será leal a las entidades supramunicipales, y a la vez soberano en sus decisiones».

MÁS INTERESADOS / También anunció que otra asociación cannábica, Airam, con 7.000 afiliados, ya le ha manifestado su intención de establecerse en Rasquera. «Hagan números -dijo Pellisa-, este dinero no se lo inventa nadie, ya existe en el mercado negro». En los próximos días está previsto firmar el primer contrato con la ABCDA.

El portavoz de CiU, que solicitó una consulta vinculante, concluyó: «Hasta en las situaciones económicas más complicadas se debe optar por la legalidad». Pellisa, por su parte, avisó de que si el Govern tumba el proyecto exigirá alpresidentMas un informe jurídico que contrarreste el suyo.