Amnistía Internacional censura a España por hacer redadas étnicas

Es complicado determinarlo al 100% en un mundo en el que lo que falta es información, pero los abogados especializados en extranjería, los que asisten a los foráneos retenidos en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona, sostienen que la mayoría de los que allí llegan empiezan el camino siendo interceptados por policías que les piden la documentación en el metro, en una parada de autobús, en una obra. Con frecuencia, a la hora de entrar a trabajar y a la de salir. Son extranjeros de aspecto reconocible por su origen, por su color de piel oscuro. Sin eufemismos: los policías suelen parar a negros, magrebís y latinos. Aministía Internacional emitió el mes pasado un informe en el que acusa a España de propiciar las redadas étnicas, que el organismo considera injustas y discriminatorias.

El informe dice lo que tantos testigos del proceso que vive el interno de un CIE. Que a un ciudadano blanco no se le pide la documentación en las calles españolas. Y que incluso se insta a la policía a primar a los de otras razas: «Mediante el uso de objetivos estadísticos de detención de migrantes irregulares se anima a los policías a abordar a personas pertenecientes a minorías étnicas».

UN MILLÓN DE SIMPAPELES/ Amnistía detectó esta práctica en el 2009 y tras una investigación «documental» envió una delegación que trabajó «sobre el terreno» en marzo y abril del 2011. Entre otros datos, el informe aporta el del número aproximado de extranjeros en situación irregular en España: de 700.000 a un millón. En cuanto a ejemplos, el texto aporta uno contundente, el de Rosalind Williams, estadounidense con la nacionalidad española desde 1969, a quien la policía pidió su documentación en una estación de tren de Valladolid. No la pidió a nadie más y a preguntas de la ciudadana afirmó que tenía orden de comprobar los datos de personas «como ella». Williams, naturalmente, es negra. Se negó a enseñar su documentación y acabó teniéndolo que hacer en comisaría.

En protesta, ella acudió al Constitucional por trato discriminatorio, pero no le dieron la razón, aunque uno de los jueces emitió un voto particular en el que afirmó que aplicar un criterio racial es contrario al artículo 14 de la Constitución, que proclama el principio de igualdad. Williams denunció el asunto al Comité de Derechos Humanos, que concluyó que España había violado la prohibición de la discriminación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y le ordenó que se disculpara con Williams. Dos años después Amnistía dice haber constatado que las detenciones por raza siguen teniendo lugar. Y que nadie se ha disculpado con Williams.

El informe cita varios ejemplos y denuncia que se fijan cuotas de detenciones, lo que según Amnistía estimula las redadas étnicas por la necesidad de acumular arrestados. Se ha comprobado que a veces se insta a buscar solo marroquís, por ser su retorno posible por carretera. Es decir, más barato.

QUEJA DE LA ONU/ Amnistía concluyó su informe con varias recomendaciones. Pidió a Interior admitir, condenar y prohibir las identificaciones étnicas, y, entre otras medidas, limitar la detención de simpapeles, «salvo como último recurso». Las redadas en España merecieron también, en marzo, la crítica de la ONU, que pidió al Gobierno aparcar las identificaciones basadas en «perfiles étnicos y raciales». La ONU también se mostró preocupada por la opacidad de los CIE.