A la calle

El rosario de desgracias empieza a las 18.15 horas y va de mal en peor hasta las 21.15, cuando se da por acabada la reunión semanal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El viernes 14 de octubre hay 30 personas congregadas: algunos, como Luis Arribe, son de Barcelona; otros, de Pallejà al Alt Penedès, se han acercado a la sede de la Federació de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) buscando apoyo contra un problema que les puede dejar en la calle sin casa y con una deuda de por vida.

El primero en hablar es Luis. El miércoles, día 19, ejecutan la orden de desahucio de su casa. Por primera vez, dice, no se siente solo. Quienes lo escuchan saben la guerra que está librando: renegociación de hipoteca, subasta, desahucio y la sensación de que él es el culpable de su tsunami vital. Su relato acaba entre sollozos. Un señor pide disculpas porque va a explicar«un caso menos trágico»,según él: su hijo perderá su piso y a él, como avalador, también le pueden quitar su vivienda. Una mujer afirma que«cada día recibe llamadas amenazadoras».El rosario sigue: avales cruzados, bancos que denuncian los afectados, han falsificado nóminas, damnificados de los seguros tipo Swap. Ellas llevan la voz cantante y ellos se mantienen cabizbajos, impotentes.

Vender a toda costa

Tal como lo narran los afectados, muchos casos rozan el fraude, el acoso bancario o la usura. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre el 2007 y el segundo trimestre del 2011 se iniciaron 313.826 ejecuciones hipotecarias en España. En Catalunya fueron 59.133. Desde el 2008 hasta el segundo trimestre de este año, 140.485 familias españolas han sido echadas de su casa.

Un empleado de un banco que exige anonimato explica:«Durante unos años la consigna ha sido conseguir que el cliente compre a toda costa cualquier tipo de producto financiero». Tras meses de escuchar infinidad de historias iguales, Lucía Martín y Lucía Delgado, fundadoras de la PAH, ya tienen cancha en cuestiones jurídicas y psicológicas. Hasta en historias que no son creíbles. El viernes, durante la reunión, dejaban claro que la PAH no hace«asistencialismo»ni pretende ser un«grupo antidesahucios».Una es ingeniera química, y la otra, técnica de laboratorio. Están en la plataforma desde febrero del 2009, cuando se creó la primera PAH de España en Barcelona.

Ada Colau, también fundadora de la PAH y la cara más visible de la asociación, dice:«La PAH brinda asesoramiento colectivo y apoyo psicológico, acompaña a las personas que tienen una amenaza de desahucio y pide la movilización ciudadana en caso de que las vías administrativa y judicial estén agotadas. El objetivo de mínimos de la plataforma es la reforma de la ley hipotecaria».

El viernes, Colau no está en la reunión. Lucía Delgado y Lucía Martín preguntan y recogen algunas citaciones para que Montse Hernando, responsable del servicio de asesoramiento jurídico en desahucios de la FAVB y aconseja a la plataforma, las revise. Hernando, en la sede de la FAVB, aclara: «No hacemos un asesoramiento individual; es colectivo. Creemos que lo importante es hacer formación en los barrios».La Plataforma solo se moviliza, explica Colau, cuando la orden de desahucio afecta«a la vivienda habitual y la causa del impago es sobrevenida o involuntaria. Hay una excepción en el caso de hipotecas puente, un producto que el banco creó para incentivar que la gente cambiara de casa.Además, nunca se convocan movilizaciones sin revisar el caso».

El nacimiento de la PAH Barcelona está relacionado con los movimientos antiglobalización de hace una década, que formaron a una generación activista que hoy tiene entre 30 y 40 años, y que les llevó a tomar la calle en el 2006 con el Movimiento V de Vivienda o que ha trabajado en ateneos, cooperativas o casas ocupadas. De hecho, en febrero del 2009, las reuniones con los afectados se hacían en una casa ocupada en la calle de las Magdalenes, en Barcelona, y los afectados llegaban con cuentagotas«por vergüenza»,dice Colau.

Ada Colau, filósofa, y Adrià Alemany, economista, provienen del Movimiento V de Vivienda. Ernest Marco, de la Oficina de Derechos Sociales del Ateneu Candela de Terrassa. Los tres, junto con Lucía Martín y Lucía Delgado, son el núcleo inicial de la PAH. Son treinteañeros preocupados, dice Marco,«por la cantidad de gente que ha contraído una hipoteca en una época de bonanza inducidos por la falta de alquiler asequible y por las desgravaciones fiscales que aplicaba la Administración para su compra, y que, debido a la crisis, no pueden pagarla y no tienen herramientas para enfrentar el proceso».

Desde sus inicios, la plataforma se fijó tres objetivos: una reforma de la ley hipotecaria que incluya la dación en pago (la entrega del piso salda la deuda con el banco) retroactiva en caso de residencia habitual y con deudores de buena fe; la moratoria de los procesos de desahucio, y que las familias puedan permanecer en la vivienda desahuciada en régimen de alquiler social, es decir, por una renta cuyo importe no supere el 30% de la renta familiar disponible.

En junio del 2010, la PAH y el Observatori Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC) trasladaron al Congreso una propuesta de modificación de la ley hipotecaria que fue rechazada por el PP y el PSOE. Unos meses después la PAH hizo una actuación en la calle y el ojo mediático se fijó: el 2 de noviembre, la PAH organizó una protesta pacífica frente a la casa de Luis Martí, en La Bisbal del Penedès, y logró la paralización de la orden de desahucio. Empezaba así la campaña Stop Desahucios, que consiste en «acciones de resistencia», dice Colau, que retrasen los procesos de desahucio por presión de la gente. De momento, han conseguido parar 85 desalojos en toda España.

El 15-M cambió la lógica de actuación de la PAH. A las acampadas en las plazas se acercaban vecinos que explicaban historias de desahucios. Algunos, temblando por tener un micro en la mano, narraban su drama hipotecario. Lo hacían frente a jóvenes que veían el 15-M como unaprimavera revolucionariay frente a personas, de entre 55 y 80 años, que habían militado en las asociaciones de vecinos durante la transición y que, después, se habían recluido en casa por desafección política.

Debates encendidos

LA PAH, con más de dos años de trabajo, fue un terreno abonado para esta gente de historia, procedencia, edad e intereses tan diferentes. Fue entonces cuando se crearon comisiones de vivienda en los barrios y florecieron las PAH en toda España: hoy día ya hay 40. Ada Colau califica la unión del 15-M y de la PAH como«un encuentro perfecto».

Es en ese momento cuando el concepto dación en pagopasa a formar parte del vocabulario de la calle y las acciones de la plataforma provocan debates encendidos entre juristas, magistrados y tertulianos. La PAH empieza un trabajo con ayuntamientos para que estos presenten mociones para que administraciones superiores paralicen los desahucios y para que den cobertura legal a la dación en pago retroactiva. En septiembre ya eran 70 los consistorios que habían presentado dicha moción.

El martes pasado, la Generalitat anunció que quiere mediar en los desahucios y que negocia con los bancos un convenio marco para evitar los desalojos. El pacto, según Francesc Homs, portavoz del Govern, se firmará en enero.

Septiembre, mes clave

Septiembre fue un mes clave para la PAH. El Congreso de los Diputados aprobó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recoger firmas y llevar de nuevo la propuesta de la reforma de la ley hipotecaria, para que incluya la dación en pago retroactiva, al Congreso.«La ILP surge porque la ciudadanía observa una realidad social, la de los desahucios, que es consecuencia de una norma radicalmente injusta, y asume el papel que deberían tener el legislador y que no ha asumido», afirma Martí Batllori, abogado y profesor de Derecho Mercantil de la Universitat de Girona (UdG).

Y ese mes alumbró otra noticia: la Audiencia de Girona avaló que la entrega del piso salde la hipoteca, sumándose así a un fallo de la Audiencia de Navarra. El mismo Batllori dice:«Esos fallos abren camino para que otros jueces se den cuenta de que esta interpretación se ajusta a la ley. El producto de la subasta es la vivienda que se adjudica la entidad financiera, y su valor fue fijado por esta en la escritura de la hipoteca. No se puede caer en la trampa de pensar que vale la mitad, o el 60%, del valor que le dio el banco. ¿Por qué España es una anomalía jurídica respecto a los países de nuestro entorno?».

La dación en pago o la reocupación de la vivienda propia por parte de los desahuciados, que la plataforma apoya con la campañaLa Obra Social de la PAH,ha hecho que colectivos de abogados y arquitectos se muestren críticos con su propio sector. Fuentes jurídicas explican que entre los abogados se veía la ejecución hipotecaria como un«rodillo»que no dejaba elementos de defensa. Por ello, a veces«se daba entre la abogacía una sensación de impotencia y no se agotaban las posibilidades de defensa legal. Eso ha cambiado».

El de los abogados no ha sido el único gremio en el que han salido voces críticas. Zaida Muxí, codirectora del másterLaboratorio de la Vivienda del siglo XXI,afirma que en el 2004 se elaboró el informeEl llibre Blanc de L'Habitatge a Catalunyaen el que se alertaba de que la vivienda era un«terreno para la especulación y se pedía que la Administración apostara por el alquiler, por las ayudas a las personas y no a la compra, por la vivienda social. ¿Qué pasó? El informe se guardó en un cajón del Col·legi d'Arquitectes».

La dación en pago retroactiva abre el debate, pero también pone sobre la mesa la falta de una ley de segundas oportunidades, como existe en la mayoría de países europeos. El decano del Col·legi de Notaris, Joan Carles Ollé, desaconsejó al Congreso la dación en pago obligatoria con efectos retroactivos. Esta medida, explica,«afecta a la seguridad jurídica y pondría en peligro el sistema financiero español». Aun así, Ollé asegura: «Se debería mejorar la normativa de tasaciones, sobre todo en lo relativo a la independencia respecto a los bancos, y se debería aprobar una ley de segundas oportunidades. La mayoría de los países tienen una legislación que permite negociar y hasta quedarse con la vivienda».

Un clamor social

El debate tiene de fondo un clamor social que une a afectados y a gran parte de la ciudadanía, que simpatiza con el movimiento 15-M. El viernes, durante la reunión, además de afectados -la mayoría de ellos de clase media trabajadora empobrecida por la crisis-, había simpatizantes sin hipoteca, estudiantes y hasta una representante de un grupo de teatro que se ofrecía para escenificar parodias frente a juzgados o casas. El viernes de la asamblea, Carlos Álvarez, de la PAH de Sant Boi, y Josep Maria Zambrano, de la PAH de Sant Roc (Badalona), escuchan durante tres horas a los afectados. Ni uno ni otro tienen hipoteca.

Álvarez vio a Ada Colau en la tele y se unió a la PAH de su barrio. Zambrano era un desencantado de la política hasta que durante el 15-M se acercó a plaza de Catalunya. Decidió crear, con otros vecinos, una PAH en Sant Roc. En la reunión, Álvarez lanza consignas:«Juntos podemos».Zambrano es quien informa a sus vecinos de Sant Roc de las reuniones porque muchos afectados no tienen internet. Cada semana cuelga en el tablón de anuncios del bar Los Pasteles las convocatorias o los documentos de la web de la PAH.

Ese día, Lucía Martín acaba la reunión diciendo que lo más importante es que«el propio afectado aprenda a movilizarse: debe acceder a servicios sociales, ir al juzgado, a la sucursal del banco.Las daciones que se consiguen se luchan».Esta semana ha habido cuatro convocatorias de Stop Desahucios. Se han parado todas.