El Govern apelará al TC para preservar intacta la inmersión

la Generalitat considera que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le exige que cambie el modelo educativo e imparta una parte de las materias en lengua castellana no está respaldada por los pronunciamientos previos sobre la materia del Tribunal Constitucional (TC). Esta es la principal línea argumental del recurso que el Govern tratará en su reunión de hoy y que presentará esta semana ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), encargado de ejecutar la sentencia del TS y que el viernes dio un plazo de dos meses al Ejecutivo de Artur Mas para que cumpla el dictado judicial. La intención es frenar la exigencia de convertir el castellano en lengua vehicular en la enseñanza y preservar el modelo de inmersión en catalán. No habrá marcha atrás por parte de Ensenyament.

La Generalitat no aportará al TSJC más información sobre la necesidad de mantener el actual modelo, que cumple con el mandato legal y la exigencia social de que al final de la escolarización obligatoria el alumnado debe dominar las dos lenguas oficiales de Catalunya. En vez de eso, se aplicará en evidenciar la contradicción jurídica que supone que una instancia judicial, el Supremo, de rango inferior al Constitucional, que ha avalado en distintas sentencias la inmersión lingüística, pueda exigir la modificación de la ley de educación de Catalunya (LEC) aprobada por el Parlament.

SEÑALANDO AL TS / Diversos expertos constitucionalistas coinciden en que la polémica tiene su origen en la sentencia del Supremo de diciembre del 2010 que estimó los recursos de tres familias que reclaman la enseñanza en castellano. Los magistrados se basaron en su lectura de la resolución del Constitucional sobre el Estatut y declararon el derecho de los recurrentes a que «el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo» de Catalunya y que «la Generalitat deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación». Es decir, considerar al castellano como lengua vehicular junto con el catalán.

Los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Albertí y Xavier Arbós opinan que el Supremo se excedió, porque debería haber resuelto solo la situación personal de las tres familias y, en cambio, generalizó su decisión al ordenar que la Generalitat tomara medidas para cambiar su política lingüística. «Si el Supremo quería cambiar una ley, debía haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad», relata Albertí. Este experto incide, además, en que el Supremo hizo una interpretación «particular y discutible» de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut.

SORPRESA/ Su homólogo Xavier Arbós considera que la situación es «paradójica», pues el Supremo acuerda un cambio en el sistema de enseñanza cuando las reglas y las normativas que rigen la inmersión lingüística en la educación no han sido anuladas. «Es sorprendente que un tribunal ordene a la Administración que cambie el sistema que está obligada a cumplir por normativa», explica. Es el problema, según este catedrático, de las sentencias interpretativas, como la del Constitucional.

Los catedráticos insisten en que el problema radica en la sentencia del Supremo y no tanto en el auto del Tribunal Superior de Catalunya, que ha dado dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular junto con el catalán en las escuelas públicas. La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del TSJC se limita a la ejecución de la resolución del Supremo, aunque también rechaza las primeras explicaciones de la Generalitat que concluyen que para poder garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales en Catalunya al finalizar la enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años) «es necesario continuar con el actual estado educativo».

EL TRASPIÉ DE GIMENO/ El TSJC precisó ayer en un comunicado que justamente su Sección Quinta es la que desestimó en su día las peticiones de las familias que solicitan que el castellano sea lengua vehicular, al considerar que el modelo de inmersión «es constitucionalmente legítimo». Dichas familias recurrieron aquellas resoluciones del TSJC al Supremo y este fue quien les dio la razón.

El mismo comunicado del TSJC enmendó un traspié de su presidente, Miguel Ángel Gimeno, que tanto el domingo como ayer mismo por la mañana había asegurado que el auto solo afectaba a los tres casos concretos y no todo al modelo educativo. La nota señalaba que las resoluciones del Supremo no especificaban en su parte dispositiva que la decisión quedara limitada al casos de las tres familias y, por tanto, «esto podría significar su aplicación de forma genérica a toda la enseñanza en Catalunya». El TSJC aclaró que nunca ha señalado las medidas que debe adoptar Ensenyament.