Las mutuas de toda España se unen contra la ley ómnibus

Al igual que hicieron las clínicas privadas de Catalunya, la entidad que representa a las principales aseguradoras y mutualidades sanitarias de toda España ha solicitado a la Generalitat que elimine de la ley ómnibus el artículo que prevé autorizar el ejercicio de la medicina privada en los ocho hospitales del Institut Català de la Salut (ICS) y en sus 286 centros de asistencia primaria, en paralelo a la asistencia pública.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que representa, entre otras, a Mapfre, Sanitas, Adeslas, Aresa, Asisa, Caser, USP y Quirón, ha expresado en una nota su «honda preocupación» ante la pretensión del Gobierno catalán de alterar «de forma irremediable» el actual concepto de sanidad pública, lo que, sostiene, conducirá al sector privado hacia la «catástrofe».

«En el espíritu de un anteproyecto de ley como este no debería primar la visión económica de corto plazo, sino el interés sanitario general y la salvaguarda del sistema en su conjunto, tanto el público como el privado», ha añadido el IDIS. El previsto uso de los recursos públicos con fines de rentabilidad económica, prosiguió el instituto, «profundizará» los desequilibrios territoriales en el acceso a la asistencia sanitaria. «La proposición legal ahonda la falta de equidad y cohesión de un sistema -el público- en crisis de solvencia financiera y de gestión».

FONDOS DE TODOS / El sector sanitario privado español, que ocupa a más de 320.000 profesionales, advierte a la Generalitat de que la aprobación de su anteproyecto legal le permitiría utilizar los fondos de todos los ciudadanos en actividades privadas a las que podría poner precio sin arriesgar nada. «Esto supondría una flagrante competencia desleal -añade el IDIS-, ya que quien regularía en Catalunya la actividad de la sanidad privada, propia y ajena, sería la misma Administración. Los proveedores privados quedarían en una auténtica situación de indefensión».

El artículo 277 del multidisciplinario anteproyecto de ley mantiene en creciente preocupación al sector mutualista español, y más al catalán, que se declara duramente afectado por la crisis económica. Como ya hicieran sus colegas de la Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), los miembros de IDIS enfatizan su interés en que prevalezca en España un sistema sanitario público cualificado, de libre acceso y equitativo. «Estamos abiertos a apoyar cualquier fórmula de colaboración con la sanidad pública», reiteran.

El sector se muestra partidario de que la Generalitat, al igual que el resto de gobiernos autonómicos, tienda a priorizar en sus centros la atención de las patologías graves y de máxima envergadura -cita los trasplantes de órganos y la asistencia a grandes quemados- de forma que los usuarios suscriban pólizas con aseguradoras médicas para solucionar malestares «menores».