EN LA AUDIENCIA DE MADRID

Los primeros controladores citados por el juez se niegan a declarar por la militarización

Los fiscales pedirán hasta ocho años de cárcel por supuesta sedición en el plante

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hoy, en Zaragoza.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hoy, en Zaragoza. / Javier Cebollada (EFE)

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MARGARITA BATALLAS / EFE / Madrid / Zaragoza

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado hoy a tomar declaración a los controladores imputados por haber abandonado su puesto de trabajo el pasado viernes y la mañana del lunes, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Han comparecido 12, que se han negado a declarar amparados en su derecho constitucional.

Los abogados de los controladores han argumentado que ya que se encuentran movilizados y bajo estado de alarma, por lo que solicitan que se les aplique la justicia militar.

La fiscalía ha citado también a otros seis controladores mañana y a otros ocho para el próximo lunes --que estaban reunidos en el hotel Auditorium, próximo al aeropuerto de Barajas--, como primeros de los 174 controladores que habrán de declarar solo en Madrid. Si este primer grupo persiste en la actitud de no declarar, la Fiscalía presentará una denuncia ante la justicia ordinaria porque aseguran que "se debe respetar el derecho constitucional, pero no perder el tiempo".

La Fiscalía de Madrid ya ha pedido un informe judicial sobre el caso.

Hasta ocho años

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirma que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición.

Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en Zaragoza, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales. Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.

A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España. Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en toda España y más de 400 personas responsables de estos hechos a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad.

Sanciones para todos

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También ha afirmado que la ley prevé sanciones para todos los controladores implicados, y no sólo para sus dirigentes. "La ley prevé sanciones para todos los que han participado porque han cometido un hecho delictivo, si bien los dirigentes tienen una sanción mayor". El fiscal general ha agregado que "la responsabilidad es de todos los que han participado en el abandono premeditado del aeropuerto con la finalidad deliberada de paralizar el tráfico aéreo".

Cándido Conde Pumpido ha expuesto que la Fiscalía "simplemente aplicará la Ley". "Tenemos una norma que sanciona estos comportamientos para defender el tráfico aéreo y la seguridad de los ciudadanos, y estamos ante una situación similar a la de que todos los médicos abandonasen repentinamente un hospital dejando tirados a los enfermos, es un delito que la ley califica como de sedición y es lo que la fiscalía va a hacer, ponerlos a disposición de los órganos judiciales competentes tras unas investigaciones preliminares que estamos haciendo en este momento", ha aseverado.