ACCIDENTADO PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Fin del chantaje

El estado de alarma decretado por el Gobierno obliga a los controladores a reabrir el espacio aéreo

Los pasajeros desembarcan de uno de los vuelos que ayer aterrizó en Barajas.

Los pasajeros desembarcan de uno de los vuelos que ayer aterrizó en Barajas. / reuters / JUAN MEDINA

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PATRICIA MARTÍN
MADRID

Un colectivo de 2.200 personas, con la sartén por el mango porque su trabajo es imprescindible, ha dejado en tierra a más de 600.000 viajeros, han perjudicado a la maltrecha economía y han tirado por la borda los beneficios del puente para el sector turístico, algo especialmente grave en Catalunya. Todo ello para defender unas más que extraordinarias condiciones laborales. Para doblegar a los controladores y su chantaje a todo el país, el Gobierno tuvo que recurrir ayer a una herramienta excepcional, que no había usado en 35 años de democracia: la declaración del estado de alarma.

Este recurso permite la movilización inmediata de cualquier funcionario y, si este se niega a trabajar, su detención para ser puesto a disposición

de un juez militar. Solo esta medida hizo desistir a los controladores de continuar con un paro que ha dañado gravemente la imagen de España y ha indignado a la opinión pública, que exige un castigo ejemplar.

Fue declarar el estado de alarma, en torno a las 13:15 horas, y comenzaron a abrirse los cielos españoles gracias a que el 90% de los controladores -muchos, recuperándose de sus enfermedades- volvieron paulatinamente a sus trabajos, tomados por los militares desde que el viernes por la noche el Gobierno dio a Defensa

el control de los aeropuertos.

Pese al desbloqueo del espacio aéreo, habrá que esperar al menos hasta el lunes para que regrese la normalidad porque las plazas en los aviones están prácticamente agotadas por los cinco días de puente. AENA declaró el espacio aéreo abierto hacia las tres y media de la tarde, pero la reprogramación de los planes de vuelo, un trabajo conjunto entre Eurocontrol, Aena y las compañías aéreas, lleva horas. Hasta las 21.00 horas habían operado 241 vuelos de los 3.424 programados.

LOS MOVIMIENTOS PREVIOS / No hay precedentes de una situación así en España, aunque los aeropuertos repletos recordaban al caos aéreo que originó la nube volcánica irlandesa en la pasada primavera. No obstante, la protesta de los inspectores era más previsible que la explosión de un volcán. Desde hace días se barruntaba que querían organizar protestas, aunque era difícil de imaginar la magnitud del chantaje.

De hecho, los viajeros tienen un enojo mayúsculo con los controladores pero algunos ponen en la diana también al Ejecutivo, por no haber zanjado antes un conflicto laboral que hace más de un año que dura. El PP se sumó a los reproches, al acusar al Gobierno que no alejar del puente «más importante del año» la aprobación de un decreto que ha acabado de crispar a un sector que se siente maltratado desde que Fomento recurrió a los decretos para regular su monopolio y privilegios. La norma aprobada el viernes les obliga, según su versión, a devolver a la empresa los permisos y bajas disfrutadas a lo largo del año. Vulnera, por tanto, «los derechos laborales de un colectivo agotado», según el sindicato mayoritario, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA)

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Sin embargo, la justificación del Gobierno es que precisamente aprobó el viernes el decreto porque Fomento tenía «indicios preocupantes» de que se gestaba una protesta. «La situación empezaba a ser insostenible, pero es verdad que nadie preveía que podían hacer tanto daño», explicó el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba tras el Consejo de Ministros extraordinario de ayer que acordó declarar el estado de alarma. La excepcional norma fue rubricada por el Rey desde Argentina y tiene una duración de 15 días, aunque el Gobierno no descarta ampliar el plazo o recurrir a otras medidas para garantizar la tranquilidad en los cielos en Navidad y después. «El Gobierno tiene la firme determinación de que esto no vuelva a suceder», señaló Rubalcaba.

EL CASTIGO / Según el vicepresidente, los controladores rebeldes serán castigados, tanto por la vía administrativa como por la penal. Pueden ser acusados de los delitos de desobediencia y de sedición. Por no hablar de las demandas de las aerolíneas -estiman que dejarán de ingresar entre 60 y 80 millones por cada día de crisis- a lo que hay que sumar las pérdidas del sector turístico.