Las entidades sociales postulan una reforma fiscal para frenar la pobreza

Por muchas vueltas que se den, las cuentas no salen: recortes o congelación presupuestaria en todos los gobiernos, aumento de los ciudadanos en riesgo de exclusión social que piden ayuda, y todo ello en lo más profundo de una crisis cuya salida todavía se ve lejana. Es por ello por lo que las asociaciones que trabajan para evitar la caída de los más vulnerables han decidido pasar de la clásica apelación a la solidaridad a una exigencia política: reformar a fondo el sistema fiscal, subir impuestos a quien más tiene y luchar a fondo contra la corrupción y el fraude a Hacienda como únicas salidas para garantizar el dinero necesario para evitar que las cifras de pobreza, ya escandalosas, se conviertan en una epidemia crónica aquí mismo, en el mal llamado primer mundo.

«Con el actual nivel impositivo no se pueden mantener las prestaciones sociales que necesitamos, y recuerdo que nuestra inversión en política social sigue muy por debajo de la media de la Unión Europea», certifica Salvador Busquets, director de la entidad Arrels, de apoyo a lossin techo. Los principales actores del sector secundan su evaluación.

MENOS ATENDIDOS / El diagnóstico que sostiene esta tesis tiene cifras preo-cupantes: 1.500 catalanes han dejado de ser atendidos por los recortes en formación e inserción de la Generalitat, según denuncia la federación Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS). «Los políticos han de comprometerse, y no lo hacen, respecto al incremento de la fiscalidad. No podemos aceptar el concepto de los recortes o la contención del gasto», sostiene Jaume Clupés, responsable de la federación de entidades que trabajan en la protección y apoyo a la infancia y la adolescencia.

Esta vez no se trata solo de un enunciado impreciso. Expertos en políticas públicas como Guillem López-Casasnovas, catedrático de la UPF, concretan qué hacer: revisar los impuestos sobre las rentas del capital y abrir, de una vez por todas y a fondo, el melón del fraude fiscal. «En una etapa de crisis como la actual, vistos los sacrificios sociales que se avecinan (más impuestos, recortes de gastos sociales), es necesario más que nunca empezar a cuestionar no solo la justicia de nuestro sistema tributario, sino también su falta de ética», explica Casasnovas en un artículo reciente.

REPARTIR EL TRABAJO / Referentes de los movimientos sociales, como Arcadi Oliveres, de Justícia i Pau, van más allá. Oliveres cuestiona abiertamente la reducción del déficit público español. «La única respuesta no es volver al crecimiento económico, sino la disminución del horario laboral y repartir el trabajo», sostiene. Una propuesta que cuenta con el apoyo de Francesc Mateu, director de Intermón en Catalunya.

Existe una amplia coincidencia en la crítica al Gobierno por haber subido impuestos indirectos como el IVA en lugar de haber elevado los de las grandes fortunas. «Hace años pedimos que no se bajaran tanto los impuestos, como hicieron gobiernos de izquierda y derecha. Y ahora no compartimos que tengan que hacer esfuerzos adicionales quienes están en situación de pobreza. El aumento del IRPF me parece más justo, en términos de redistribución y progresividad, que el del IVA, que hace pagar más a quien menos tiene», opina Jordi Roglán, director de Cáritas. Y añade que no todo debe basarse en impuestos, sino que hay que entrar en otro agujero negro de la actividad laboral catalana y española: la economía sumergida.

AJUSTAR LAS AYUDAS / Todo esto atañe al capítulo de ingresos, pero la manera de gastar el dinero es también objeto de debate. El Govern tiene claro que hay que suprimir el concepto de ayudas universales por el de copago en función de la renta del usuario. «Soy partidaria de ajustar todas las políticas a la renta», certifica la responsable de Acció Social de la Generalitat, Carme Capdevila. Y añade: «Recuerdo además que prestaciones como la renta mínima de inserción están condicionadas a la tarea de formación y recuperación de la persona».

También Arcadi Oliveres es partidario, con matices, de evitar picarescas y obligar a asumir un puesto de trabajo a un parado si es el segundo o tercero que se le ofrece. Guillem López-Casasnovas tiene muy claro que hay que cambiar prestaciones universales -iguales para todos, como lo fue el cheque bebé o los 400 euros de descuento del IRPF decretados por el Gobierno- por un modelo que priorice la ayuda a los sectores más desfavorecidos. El riesgo es crear una sociedad dual, pero para ello existen antídotos, asegura. Jordi Roglán también tiene clarísimo que se deben condicionar las ayudas a un binomio que repite constantemente en su discurso: «trabajo y formación».

La última pero no menos importante de las prioridades de los colectivos sociales es gastar mejor, y dedicar cada euro a ayuda directa. Y es que la tesorería de estos colectivos sin ánimo de lucro está más que escuálida. Un ejemplo: las entidades de apoyo a los discapacitados, agrupadas en la federación Ecom, han tirado de crédito para poder seguir prestando sus servicios. «Paradójicamente, estamos pagando la obra social de ciertos bancos con nuestros créditos», se lamenta María José Vázquez, presidenta de Ecom.

El tono contundente de Vázquez es el mismo que predomina en todas las entidades. La angustia por el crecimiento de la pobreza ha generado un cambio en este colectivo: de la apelación a la humanidad y a los valores de amor al prójimo, que mantienen, a la exigencia de ser un actor político más. De lo contrario, las cifras de los excluidos seguirán engordando. El debate está servido.