La división del Gobierno mantiene a Ascó en la pugna por el silo nuclear

Ascó quedó fuera de la carrera por albergar el polémico almacén nuclear... pero solo durante unas horas. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, decidió ayer que se instale en Zarra (Valencia), la localidad mejor valorada por los técnicos, y así se lo comunicó a las autoridades valencianas y al Consejo de Ministros. Pero varios miembros del Ejecutivo central frenaron en el último momento la decisión con el argumento de que, ante el rechazo del Gobierno autonómico, es necesario asegurarse de que el gabinete de Francisco Camps no tendrá posibilidad de paralizar las obras. Por eso el Ejecutivo decidió solicitar un informe juridíco y aplazó la decisión, como mínimo, hasta el próximo viernes.

Si dicho documento desaconseja instalar en Zarra el silo contra la voluntad de la Generalitat valenciana, Ascó volvería a tener posibilidades, dado que los técnicos la sitúan en segundo lugar, a tan solo cuatro puntos de Zarra. Aunque en tal caso, la decisión solo podría tomarse tras los comicios del 28-N. De lo contrario, perjudicaría seriamente las expectativas electorales del PSC.

La decisión de Sebastián se conoció por boca del vicepresidente tercero y consejero de medioambiente y urbanismo del Gobierno valenciano, Juan Cotino, quien explicó que el secretario de Estado de Industria, Pedro Marín, había comunicado la elección de Zarra. Fuentes de Industria niegan este extremo y aseguran que a Valencia, al igual que al PP, y a los gobiernos de Catalunya y a Castilla-La Mancha, solo se les notificó que el informe elaborado por el comité técnico situaba tanto a Zarra como a Ascó y a Yebra entre las mejor valoradas.

LA PRECISIÓN / Pero fuentes de la Generalitat Valenciana y el presidente manchego, José María Barreda, ratifican que Sebastián les comunicó que el almacén temporal centralizado (ATC) no iría a sus territorios. Además, medios próximos al Consejo de Ministros corroboran que Industria tenía tomada la decisión y así lo comunicó a sus colegas.

Sin embargo, Sebastián se encontró con que la resolución generó un amplio debate. Según las últimas fuentes, varios miembros del Gobierno, entre ellos María Teresa Fernández de la Vega, se interesaron por si se habían analizado pormenorizadamente las posibles alegaciones a la construcción de un almacén que albergará residuos nucleares durante 60 años. Por eso, ante el temor a que una vez tomada una decisión muy controvertida -puesto que todas las comunidades, con mayor o menor vehemencia, se habían opuesto a albergar el silo- algún tribunal paralice la obra, el Gobierno decidió pedir a los servicios jurídicos del Estado un nuevo informe que analice cada uno de los posibles reparos, así como las competencias autonómicas en la materia.

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA / Además, también se analizó la situación del alcalde de Zarra, Juan José Rubio, un exsocialista imputado en varios procesos por corrupción urbanística, así como los terrenos propuestos, ya que buena parte de ellos pertenecían precisamente a la empresa de la familia del dirigente valenciano Juan Cotino.

El Consejo de Ministros tomará una decisión previsiblemente el próximo viernes. Fuentes socialistas apuntan que si los servicios jurídicos se oponen a que el cementerio vaya a parar a Zarra con el Ejecutivo valenciano en contra, Ascó tiene muchas posibilidades, puesto que el informe del comité técnico sitúa a la localidad tarraconense a solo cuatro puntos del municipio valenciano. Además, hay que tener en cuenta que pese a que ICV y ERC lograron que tanto el PSC como CiU votasen a favor de una resolución en contra del almacén, ni José Montilla ni Artur Mas se han opuesto con la rotundidad de otros presidentes autonómicos. El extremeño Guillermo Fernández Vara dijo que dejaría su cargo si la instalación se ubicaba en su comunidad.

Montilla fue quien impulsó, cuando era ministro de Industria, la construcción del almacén. Y el alcalde de Ascó, Rafael Vidal, de CiU, presentó la candidatura de la localidad y es uno de sus máximos defensores. No obstante, es poco probable que después de la reacción catalana a la sentencia sobre el Estatut, el Gobierno decida ubicar el silo en Catalunya antes de las elecciones, ya que generaría un rechazo generalizado pese a la inversión que comporta.