CONTROVERSIA SOBRE LA GESTIÓN DE LA NAVEGACIÓN AÉREA

El fiscal investiga a los controladores mientras Blanco prepara a militares

Una joven espera la salida de su vuelo desde la terminal T-1, ayer.

Una joven espera la salida de su vuelo desde la terminal T-1, ayer.

CRISTINA BUESA
BARCELONA

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nueva vuelta de tuerca. El enfrentamiento entre Fomento y los controladores aéreos no tiene visos de resolverse sino más bien lo contrario. El anuncio, ayer, del ministro José Blanco de que el Gobierno formará a militares para que ocupen los puestos de estos profesionales en torres y centros de control supuso que las posturas todavía se enconarán más. Mientras, en Barcelona hubo menos bajas que el día anterior pero se repitieron los retrasos en más de 40 vuelos.

Además, la Fiscalía cogió el guante lanzado por el titular de Fomento el domingo y anunció que investigarán las bajas de estos profesionales. El Gobierno sostiene que el absentismo de las últimas semanas es una forma de presionar en la negociación del convenio colectivo. El sindicato mayoritario, USCA, lo niega y atribuye las faltas laborales a la mala gestión de la plantilla. Advierte de que la forma de tratar este conflicto por parte del ministerio solo busca «enmascarar» lo que realmente ocurre en la red de AENA.

DEMORAS DE DOS HORAS / De los 54 controladores que debían acudir ayer por la mañana al centro de control de Gavà (Baix Llobregat), 13 no se presentaron. Por la tarde, fallaron 14. Y, por si fuera poco, una huelga (esa sí, anunciada y validada por las autoridades) de los controladores franceses se sumó a los problemas en el tráfico aéreo. Esta última circunstancia obligó a compañías como Iberia a anular hasta 26 trayectos entre ayer y hoy. Pero el choque entre los controladores y el Gobierno no ha supuesto ninguna cancelación, recordaron fuentes sindicales, sino demoras «de poca entidad».

La mayoría de los retrasos que se produjeron en el aeropuerto de El Prat fueron de entre 30 y 60 minutos (hasta las 19.30 fueron 28). Hubo una docena más entre una y dos horas y solo un vuelo llegó más de 120 minutos después de lo previsto. Sin embargo, la situación en la principal terminal, la T-1, fue de normalidad durante toda la jornada.

PACTADO CON DEFENSA / Y mientras los pasajeros comprobaban en las pantallas del aeropuerto si su avión había ido a parar a uno de los sectores en los que no había suficientes controladores, el ministro José Blanco exponía otra de las posibles soluciones para garantizar el tráfico sin sobresaltos: los militares.

El responsable de Fomento sostuvo que era una forma de garantizar la operatividad de estas instalaciones. Que solo se activarían en «casos excepcionales» y, para demostrar que no era una salida improvisada, reveló que ya había hablado con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con la ministra de Defensa, Carme Chacón.

Pero esa alternativa originó un alud de respuestas a favor y en contra. La primera, de los propios afectados. USCA advirtió que se trataba de una salida «irresponsable». Los pilotos de aviación comercial se sumaron a las críticas y advirtieron que los militares no estaban formados para gestionar el tráfico civil.

CAPACITADOS PARA TRABAJAR / Horas más tarde, el propio Blanco se vio obligado a puntualizar que no se trataría de una incorporación inmediata. «No será mañana», observó. No obstante, sí insistió en que la formación de estos profesionales será «rápida». También diferenció que las tareas en un centro de control son más complejas que en una torre.

De hecho, los militares ya participan en tareas de tráfico aéreo en varios aeropuertos españoles que comparten instalaciones con la actividad comercial, como Zaragoza, Murcia o Valladolid. Fuentes del Ejército del Aire aseguraron a este diario que estos profesionales están «capacitados» para desarrollar estas funciones, como así lo contempla una ley del 2003.

INTERÉS DE LA MINORÍA / Al mismo tiempo que unos y otros daban su parecer acerca de la participación de los militares en el control aéreo, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, opinaba que lo que se debía hacer es «garantizar que los ciudadanos no vean afectados sus desplazamientos por los intereses de una minoría». A renglón seguido, el máximo responsable del ministerio público aseguró que se investigarán las bajas de los controladores, algo que también está haciendo la Seguridad Social.

El ministro Blanco también señaló que la baja persistente de estos profesionales podría comportar una baja por «incapacitación» ya que el puesto que ocupan comporta tener que soportar mucha tensión.

Y la presión que llega desde fuera de los aeropuertos no cesa.