Declarado culpable el acusado de asesinar y descuartizar a una prostituta en Blanes

El jurado popular que durante toda la semana ha analizado en la Audiencia de Girona los diferentes testimonios y pruebas presentadas sobre el caso de la muerte de una prostituta en el 2007 ha declarado al acusado, José Martí C., culpable por unanimidad.

El veredicto, que llega después de una deliberación que se ha prolongado hasta esta noche, considera que el procesado asesinó a María Núñez, una dominicana de 28 años, y que la descuartizó para abandonar los restos en un contenedor de basura, aunque no entiende esta circunstancia como una profanación de cadáver.

En la decisión han influido pruebas como que el logotipo de la empresa en la que trabajaba José Martí C. apareciese en las bolsas en las que apareció el cuerpo de la víctima.

Gritos de auxilio

La declaración de un vecino que escuchó gritos de auxilio de una mujer la noche de los hechos también ha resultado determinante para la consideración de culpable, después de que los expertos admitiesen la imposibilidad de desmentir un argumento del acusado, quien justificaba la sangre de la víctima hallada en su domicilio en el mantenimiento de relaciones durante el periodo menstrual.

El asesinato de María Núñez se produjo la madrugada del 8 de mayo del 2007 en Blanes (Selva) y, desde entonces, el condenado permanecía en la cárcel acusado de matar, descuartizar y tirar a un contenedor a una prostituta dominicana con la que presuntamente habría discutido por un asunto relacionado con drogas tras haber reclamado sus servicios sexuales.

La pelea acabó en asfixia de la mujer, que fue descuartizada posteriormente y abandonada en sendas bolsas de basura que acabaron en el vertedero de Lloret de Mar (Selva).

Reclaman entre 12 y 15 años de cárcel

Los restos fueron hallados por los Mossos d'Esquadra el 1 de junio del 2007 tras días de búsqueda y, en el domicilio del procesado, se halló posteriormente restos de sangre de la víctima.

La petición de la fiscalía para José Martí C. es de 12 años de cárcel, mientras que la acusación particular reclama 15 años de prisión.