Artículo de Gemma Calvet, abogada y consultora: 'Policía democrática'

La seguridad, como la educación, la justicia o la sanidad, son intereses públicos de primer orden para la comunidad social. Su gestión, política y técnica, y el uso que la oposición política hace de ella, debería estar regido por una gran conciencia de su fragilidad y de la necesidad de protección y calidad. La idea de seguridad, más allá de la prevención e investigación de los delitos, implica en democracia el respeto a la ley. Por esto puede considerarse que hay unas exigencias democráticas a varios niveles. Para los titulares de Interior, discreción en las posiciones públicas, trabajo para obtener el máximo consenso político, y determinación política para promover el respeto a la legalidad sin fisuras, sin que sea incompatible con la máxima eficiencia. Estos retos no podrán alcanzarse sin el compromiso individual y corporativo de la policía, que se debe a los principios de jerarquía e independencia de la función pública.

ANTE UNAS

CARGASpoliciales como las de estos días, de entrada hay que decir que no pueden ser interpretadas de manera diferente, dependiendo de cuál es el partido político titular de la conselleria. La acción policial de disolución de una manifestación, como acción técnica y profesional muy restrictiva, tiene una lex artis, y se atiene a tres niveles: la ley, que establece el uso mínimo de la violencia contra los ciudadanos; la adecuación al contexto al que se enfrenta o el principio de oportunidad policial, y la proporcionalidad entre medios y fines. Solo viendo las imágenes y el número de lesionados, es evidente que las cargas policiales fueron injustificables, y que la actuación de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra no fue la adecuada. El clamor social, mediático y político generalizado que denuncia los hechos, más allá de intereses partidistas que se pueden ocultar, deberán contribuir a que en el futuro no se produzcan hechos similares, fuera quien fuera el titular de Interior.

La crisis actual en los Mossos puede implicar un importante avance cara al futuro, si se pone freno a una campaña de desprestigio generalizado y se intenta hacer visible, junto con las irregularidades, los éxitos de mucha de la labor policial catalana. Desde dentro, sindicatos policiales y funcionarios, más allá de sentirse injustamente cuestionados de forma genérica, deberían definir qué papel pueden desempeñar en esta voluntad de fortalecer una policía democrática y competente, y trabajar para superar prácticas negativas.

ES

PARADIGMÁTICOque estos días los Mossos hayan puesto en marcha con éxito varios operativos contra los prostíbulos Saratoga y Riviera, y contra la corrupción de agentes de la Policía Nacional, avanzando en acciones que exigen saneamiento institucional. O que la labor de los Mossos en los casos de violencia de género superen en calidad la de muchos cuerpos policiales. Seguramente han faltado reflexiones sobre cómo conciliar capacidad y proporcionalidad, pero el problema es que hasta ahora estas exigencias no se han producido. La idea de seguridad también implica creer que la policía, integrada por funcionarios públicos que defienden el cumplimiento de la ley y la prevención del delito, se diferencia claramente de cuerpos policiales no sometidos al control judicial o propios de regímenes autoritarios.

La cuestión es que la representación social del papel de la policía en Catalunya está sufriendo importantes transformaciones en los últimos tiempos, puesto que se ha socializado la exigencia de respeto a la legalidad, un elemento no tan evidente en el imaginario político que ha tolerado en muchos casos corrupción y tortura, mientras miraba hacia otro lado. La primera, como mal menor; la segunda, como mal necesario. Ambas realidades han retrasado mucho la configuración de una policía democrática. Debe considerarse que los defensores de la contundencia como realidad intrínseca a la policía están desfasados, puesto que es una falacia teniendo en cuenta los medios técnicos existentes. El trato respetuoso al ciudadano, sea inocente, sospechoso o culpable de cualquier delito, debe ser considerado una obligación de la policía, y no puede ser una exigencia añadida.