El coste de apuntalar el edificio desalojado en Santa Coloma correrá a cargo de los vecinos y, subsidiariamente, del Ayuntamiento

Los vecinos desalojados del inmueble 9-11 de la calle Canigó tendrán que pagar el coste del apuntalamiento de las 30 viviendas evacuadas entre el martes y el jueves de esta semana. Así se lo ha transmitido a los afectados Fincas Rubio, la inmobiliaria del bloque, en una reunión mantenida este viernes por la mañana en el Centre Cívic Els Pins, situado a pocos metros del edificio. El coste de estas tareas, medidas urgentes necesarias para asegurar la estructura y evitar un colapso, rondaría los 60.000 euros en total.

Tras este anuncio, el Ayuntamiento de Santa Coloma ha especificado, este viernes por la tarde, que asumirá, de forma subsidiaria, el coste de estas obras: "Ante la situación de riesgo y dificultad de la propiedad el consistorio asume la iniciativa de los primeros trabajos para asegurar el edificio", detallan fuentes municipales. Por su parte, también señalan que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) destinará una línea de financiación de aproximadamente 400.000€ para abordar la emergencia social de los afectados para cubrir gastos urgentes, tales como los realojos, traslados y ayudas alimentarias.

Así, el inmueble resta completamente vacío desde el jueves, cuando se completó la evacuación de los vecinos iniciada el martes, y los residentes no pueden entrar a él a menos que muestren su identificación a la pareja de policías locales que guardan la entrada a la portería.

Las situaciones de los vecinos afectados son diversas. Los hay que no tienen seguro de hogar, los hay que no tienen contrato y también los hay que arrastran deudas del pago de la comunidad. Por todo ello, se presume complejo que los residentes puedan costear ya no solo el apuntalamiento, sino la posterior rehabilitación si se diese el caso. La dificultad de su situación, sumado a lo incierto de su futuro y a la dura realidad económica que ha transmitido Fincas Rubio ha provocado la indignación de los asistentes, viviéndose incluso alguna escena de tensión. 

A la reunión con las fincas solo han podido entrar los propietarios. Aquellos que son inquilinos o viven en precario, ocupando, se han tenido que quedar fuera. En el corrillo que se ha formado a la entrada del centro cívico, los vecinos que no han tomado parte de la reunión denunciaban su situación, así como que "con criaturas o animales es imposible hospedarse en los albergues" que les ha facilitado el Ayuntamiento.

Trabajadoras municipales les indicaban a los vecinos, mientras adentro se desarrollaba la reunión, que tienen disponible una asesoría jurídica gratuita, pero algunos de ellos no confían en el abogado del Ayuntamiento, de manera que aseguran que se buscaran uno por su cuenta. Los representantes municipales tampoco han entrado a la reunión. El concejal de Promoción Económica, Dimas Gragera (Cs), ha esperado junto a los vecinos en el exterior a que acabara el encuentro. Gragera respondía las dudas e inquietudes de los presentes, y procuraba que los ánimos se mantuviesen lo más calmados posible.

La segunda teniente de Alcaldía, Blanca Padrós (PSC), que también se ha desplazado hasta el lugar, se interesaba por la situación de un vecino, Faisal, que asegura haber sido despedido de su trabajo en la obra por no poder asistir en los últimos dos días. En efecto, estas han sido jornadas en que este vecino, por las gestiones derivadas de la evacuación y por tener que cuidar a un familiar (con casi un 50% de discapacidad), no ha podido ir a trabajar. La concejala se ha comprometido a entregarle un justificante con el que pueda demostrar a su jefe su situación de emergencia habitacional sobrevenida. "Esta semana ya he gastado unos 300 euros solo en comida", explica Faisal, que por ahora está procurando sustento para él y los suyos.

Fuentes municipales insisten en que "el consistorio está corriendo con todos los gastos de alojo temporal y está facilitando alimentación para los afectados en el comedor social municipal, así como a las personas que están en el CUESB". Asimismo, las mismas fuentes explican que a los menores que no se quedan al comedor de sus escuelas, "se les ha dado una beca para que coman allí". De todos modos, el consistorio ha cargado contra la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC), ya que, "pese a su compromiso inicial, no ha logrado movilizar ningún recurso residencial en la ciudad en un plazo de 48 horas", ha señalado en un comunicado este viernes, 1 de marzo, por la tarde.

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