Santa Coloma sube un 5% su IBI pero lo mantiene como "uno de los más bajos del área metropolitana de BCN"

Santa Coloma de Gramenet ha aprobado inicialmente sus ordenanzas fiscales, la normativa local que regula impuestos y tasas en la ciudad, para el año 2024 en un Pleno municipal extraordinario celebrado este jueves 19 de octubre en el consistorio colomense.

La principal novedad de la propuesta del Gobierno municipal de PSC (17 concejales) y Ciudadanos (dos ediles) es el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 5%, medida que no hallará obstáculos de cara al trámite de aprobación definitiva al gozar el PSC de mayoría absoluta en el Pleno municipal de la ciudad catalana.

El citado incremento de la principal fuente de ingresos fiscales de las administraciones locales se enmarca en el contexto de la actual subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) y contrasta con la congelación generalizada del resto de tasas municipales, si bien el ejecutivo local ha enfatizado durante la sesión plenaria que el IBI colomense sigue siendo “uno de los gravámenes más bajos de las ciudades del área metropolitana de Barcelona".

En ese sentido se han pronunciado tanto el primer como el quinto tenientes de Alcaldía, Esteve Serrano (PSC) y Dimas Gragera (Cs) respectivamente, quienes han hecho hincapié en que el incremento impositivo se sitúa por debajo de los del IPC o de la inflación y que forma parte del "fin del Plan de Choque por la pandemia del covid".

A título de ejemplo, mientras un vecino de Barcelona aplica actualmente un gravamen del 0,66% de IBI sobre el valor catastral (suma de valor del suelo y de la construcción) de su inmueble urbano, en Santa Coloma de Gramenet dicho gravamen será en 2024 del 0,597% (hasta ahora lo era del 0,569%).

"Son las ordenanzas de la vuelta a la estabilidad pospandemia, cuando ha habido más gasto y menos ingreso por el covid", ha esgrimido Gragera, responsable de la cartera de Promoción Económica colomense.

En ese mismo sentido, la alcaldesa Núria Parlon (PSC) ha secundado las críticas a las administraciones supramunicipales por las dificultades de financiación del municipalismo, recientemente puestas sobre la mesa, entre otros, por los alcaldes de las grandes ciudades de la segunda corona metropolitana.

ERC, crítica con la financiación de Can Roig i Torres

En el contexto de la pospandemia, y además del incremento del IBI, las nuevas ordenanzas fiscales colomenses dejarán de prever una bonificación para la tasa municipal de las terrazas de la ciudad, a las que el consistorio ayudó en tiempos de pandemia "para promover que las terrazas provisionales se queden ahora fijas manteniendo la recaudación pero sin aumentar contra ellas la presión fiscal", ha sostenido Gragera.

Entre las réplicas al ejecutivo local de ERC, que con cuatro ediles lidera la oposición en el consistorio colomense, han destacado las críticas por la financiación de la escuela municipal de música Can Roig i Torres: "Muchas familias nos trasladan su preocupación por la presión que supone el coste de la educación musical de sus hijos", ha subrayado el concejal Sam Núñez (ERC), quien ha estimado en unos mil euros el coste anual por niño en cada familia.

Los republicanos, que han contado en esta ocasión con la presencia del diputado Gabriel Rufián (ERC), han puesto el foco en que, del millón de euros de presupuesto anual de Can Roig i Torres, el 46% del coste del servicio lo aportan las familias. Algo que el Gobierno municipal ha replicado aludiendo a la caída de inversión durante los años desde la Generalitat de Catalunya, que de financiar un 33% del centro antes del 2012 ha pasado a sufragar un 5% en la actualidad, según datos aportados por la segunda teniente de Alcaldía Blanca Padrós (PSC).

PP y Vox abogan por congelar el IBI

Al voto contrario a la aprobación inicial de las ordenanzas de ERC se han sumado PP y Vox, ambas formaciones de derecha y extrema derecha respectivamente con dos ediles en el Pleno colomense.

Los líderes de estos dos partidos de la oposición, Miguel Jurado (PP) y Juan Carlos Segura (Vox), han abogado por la congelación del IBI aludiendo a la subida del IPC. Mientras Jurado se ha mostrado crítico con el "insuficiente plazo" para preparar el estudio de la propuesta de ordenanzas del Gobierno municipal y con cuestiones formales sobre su aprobación, que ha tildado de "ilegal", Segura ha hecho lo propio con un leve incremento relativo al aparcamiento municipal.

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