El TSJC anula la orden del Govern que garantiza la asistencia sanitaria universal a los 'simpapeles'

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la orden que dictó la Generalitat en el 2015 para garantizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes "sin papeles" empadronados, frente al decreto del Gobierno que denegaba ese servicio a los extranjeros indocumentados. En su sentencia, el alto tribunal catalán estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo que el Ministerio de Sanidad presentó en 2015 contra la decisión de la Generalitat de mantener la cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares que estuvieran empadronados.

La sentencia del TSJC, que sigue el criterio de tribunales de otras comunidades autónomas que anularon disposiciones similares a la catalana -como Cantabria o Baleares-, sostiene que la orden del Govern "vulnera el criterio básico establecido en la norma estatal", puesto que supone una "ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones". Se da la circusntancia de que el nuevo presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que incluía en su programa restaurar la asistencia sanitaria universal.

La orden recurrida establece que los extranjeros "sin papeles" que estuvieran empadronados en Catalunya tenían derecho a disponer de un documento similar a la tarjeta sanitaria individual, aunque válida solo para acceder a los servicios sanitarios públicos de Catalunya. Además, para blindar el derecho de los "sin papeles" al sistema público de salud, el Parlament aprobó en junio del año pasado una ley de universalización de la asistencia sanitaria.

Esa ley también ha sido impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y, el pasado mes de abril, quedó suspendida de forma automática una vez admitido a trámite el recurso del ejecutivo. De hecho, el TSJC se remite en su resolución a sendas sentencias dictadas el año pasado por el Tribunal Constitucional contra normas autonómicas que extendían la cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares en el País Vasco y en la Comunitat Valenciana.

En esas sentencias, recuerda el TSJC, el Constitucional estableció que la normativa básica estatal "cierra toda posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias que no atienda a los conceptos de asegurado o de beneficiario" establecidos por el Gobierno.

Tarjeta sanitaria

La sentencia del TSJC, por otra parte, avala el diseño de la tarjeta del Servei Català de la Salut que el Gobierno había impugnado en el mismo recurso porque no incluye los rótulos "Sistema Nacional de Salud de España y "Tarjeta Sanitaria".

Según el alto tribunal catalán, el decreto gubernamental que regula los datos básicos comunes de las tarjetas sanitarias individuales establece solo que deben incluir "de forma inexcusable" la identificación del titular y del derecho que le asiste respecto a la prestación farmacéutica.

El TSJC avala el modelo catalán porque, a su parecer, "aparece claro que el legislador estatal, al establecer los elementos mínimos comunes a todo el territorio nacional para las referidas tarjetas, no ha incluido la referencia a los rótulos" mencionados.