UNA LACRA SOCIAL

La promesa de una respuesta decidida y consensuada

Los partidos dicen asumir las demandas de la marcha contra la violencia machista

El PSOE cuestiona la credibilidad del PP y de Ciudadanos, que ha fichado a Cantó

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MANUEL VILASERÓ / MADRID

La tozuda realidad ha brindado un trágico eco a la multitudinaria manifestación del sábado contra la violencia machista. Los cinco asesinatos ocurridos en las 48 horas siguientes han certificado que, efectivamente, la lacra no cesa mientras el Gobierno, ya en tiempo de descuento, no tiene siquiera posibilidades de reaccionar. La mayoría de colectivos de mujeres y la oposición consideran que la actual legislatura ha sido tiempo perdido. O más bien un lamentable retroceso que urge revertir. Parece la hora de dar un decisivo salto adelante aprovechando el relevo del Ejecutivo. Todos los partidos parecen dispuestos a ello a juzgar por las propuestas que llevarán a la campaña electoral, aunque unos tengan más credibilidad que otros.

La principal demanda de la plataforma que organizó el 7-N es muy simple: «Todos los partidos políticos y las instituciones deben considerar la violencia machista una cuestión de Estado».

Además de preguntar si asumen esta demanda (ayer todos respondieron afirmativamente), un buen test de verificación sería analizar cómo se comportaron ante la movilización que tuvo por escenario Madrid. El PSOE y Podemos estuvieron presentes con sus candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Su apuesta parece clara. Ciudadanos mandó, en cambio, a su responsable de Políticas de Igualdad, Patricia Reyes, que figura en el número cinco de su lista por Madrid. Una desconocida. El PP, a Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas, un cargo de segunda fila aunque con el lustre de formar parte de una nueva generación en ascenso. Lo visto el sábado no parece un buen aval para ninguno de los dos pero quizás no sea un mal punto de partida si se tiene en cuenta que nunca asistían a este tipo de citas.

RELEVANCIA SIMBÓLICA

¿En qué debería traducirse esa prioridad de Estado? Por un lado, todos los partidos deberían ir a una, cerrar un gran consenso. Aunque el PSOE ha sido el primero en lanzar el guante, todos lo han recogido aunque jugando con la terminología para evitar ir a remolque. También en dar la máxima relevancia simbólica y presupuestaria a esta batalla. Los socialistas se han hartado de recordar cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero era el primero en llevar la bandera contra los asesinatos mientras que su sucesor los ha ignorado por completo hasta que se han acercado las elecciones. «Como en todo lo que hace referencia a esta materia, han llegado tarde», según Carmen Montón, la secretaria de Igualdad del PSOE.

Tan importante como los símbolos es el dinero, acabar con los recortes. «Buena parte de la ley integral contra la violencia de género no se ha podido desplegar por falta de medios, tanto en los juzgados como en las políticas preventivas», apunta la responsable de Igualdad de Ciudadanos, Begoña Reyes. Ella ha trabajado como abogada de oficio en los juzgados de violencia de género y recuerda cómo «a veces los funcionarios tienen que esconder a la víctimas porque no hay otro sitio».

LOS PRESUPUESTOS

Es una crítica similar a la que ha estado haciendo la oposición y que el 7-N puso también sobre la mesa. «La dotación de la lucha contra la violencia de género bajó un 22% entre los años 2011 y 2015, según figura en los presupuestos del Estado», señalaban en la nota posterior a la manifestación. Que hay que poner más dinero lo sostienen todos, aunque ninguno ponga cifras. PSOE y Podemos prometen acabar con los recortes y Ciudadanos esperará a que su equipo económico evalúe las medidas.

El PP rechaza la mayor. Lo ha negado toda la legislatura. Andrea Levy aporta una catarata de cifras, pero muchas son de la recta final de la legislatura. Alguna incluso corresponde al presupuesto del 2016 que administrará el próximo Ejecutivo.

La tercera exigencia del 7-N era ampliar la ley para incorporar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, las agresiones sexuales, los matrimonios forzados y la mutilación genital en la línea del convenio de Estambul firmado en agosto del pasado año por España. Ahí también parece que habrá acuerdo. Hasta el ministro de Sanidad e Igualdad, Alfonso Alonso, se comprometió a ello en su última comparecencia.

EN CONSTRUCCIÓN

Ninguno de los cuatro partidos tiene aún colgadas las propuestas en sus páginas web. Están en la fase final de su aprobación pero nos han contado sus borradores. El más exhaustivo es el del PSOE, que lo adelantó en rueda de prensa. Su medidas más novedosas son la publicación de la lista de maltratadores condenados con sentencia firme. También propone erradicar la prostitución.

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El PP ofrece pocas novedades respecto a los planes que ha anunciado el Gobierno, varios se de los cuales se han quedado en papel mojado. Para Ciutadans, lo prioritario es revisar la ley integral con un estudio en profundidad de su actual aplicación. La otra clave es «reforzar la educación en igualdad desde la guardería, formando a los profesionales». Podemos ofrece «garantía habitacional a las víctimas» y «un plan de choque para la adolescencia».

Quedará pasar de las palabras a los hechos. Ahí cuenta mucho la credibilidad. La incorporación de Toni Cantó como número dos de la lista de Ciudadanos en Valencia no ayuda a este partido. Generó una gran polémica al asegurar que muchas denuncias de supuestas víctimas eran falsas. Patricia Reyes garantiza que la posición de su partido no es esta. «El Poder Judicial dice que no llegan a un 1% y esta es nuestra postura». Carmen Montón les reprocha que propongan lo contrario que ellos: la legalización de la prostitución. Gobierne quien gobierne, el debate está asegurado y el consenso que parece imprescindible no será tan fácil de alcanzar como la mayoría se encargan de pregonar.