La venta ambulante ilegal se desborda en las playas de Barcelona

El responsable de uno de los 15 chiringuitos de playa de Barcelona contabilizó hace poco a 22 personas trabajando en la venta ilegal de productos y servicios en torno a su negocio de temporada. Un síntoma, denuncia, de que la situación se ha agravado año tras año y está ahora "fuera de control" sobre la arena, con cientos de vendedores que se han repartido el litoral, perfectamente organizados para empezar el día ofreciendo sombrillas y pareos, pasarse a los mojitos y latas a media mañana, para rematar la jornada ofertando también distintos tipos de droga. El creciente ejército de buscavidas que dan masajes o venden donuts, que ocultan en la papelera o bajo tierra su bandejas de sangrías, no solo ha afectado de pleno a la actividad legal, sino dando una imagen de gran zoco playero en la capital catalana. No es que no haya Guardia Urbana, es que no da abasto. La asociación de Servicios de Temporada de las Playas de Barcelona, junto con el Gremi de Restauració, reclaman al ayuntamiento un plan de choque urgente en la zona.

Desde hace una década, las estampas de vendedores ambulantes en primera línea de mar han sido una constante en Barcelona, aunque la entidad -aglutina a 13 chiringuitos- asegura que nunca había alcanzado las proporciones de este verano. Como ha comprobado este diario, incluso en un día nublado es posible encontrar a decenas de personas arriba y abajo intentando colocar desde gafas de sol a bebidas que no pasan ningún control sanitario y pueden provocar intoxicaciones. Estos ofertantes suelen ser de origen extranjero. Se ganan así la vida, aunque muchos visiblemente forman parte de estructuras organizadas que incluso distribuyen cambio o recogen la recaudación, como ya se vio en una investigación iniciada por la Guardia Urbana el año pasado y que sigue un juzgado de Barcelona.

Al igual que con el problema del 'top manta' en las aceras de la ciudad, los dispositivos desplegados hasta el momento han resultado insuficientes. El grupo de playas de la Guardia Urbana patrulla desde el 27 de mayo la zona -a pie, en moto, en coche, en bici, en quads sobre la arena y en dos embarcaciones- pero en cuanto desaparece, los vendedores vuelven a la carga. Su prioridad es esta actividad y cuando es necesario, su labor se refuerza con agentes de los distritos, explican desde el ayuntamiento. El año pasado hubo 6.905 denuncias por venta ilegal de comida y bebidas, así como más de 136.000 bebidas incautadas. No obstante, este verano resultan omnipresentes.

Más que competencia

En muchos momentos siguen vendiendo incluso en presencia de agentes a unos metros. "El problema es que ahora se sienten impunes, incluso nos plantan cara si les decimos que no vendan a nuestros clientes", relata otro operador. Piden permanecer en el anonimato porque su concesión (de dos años prorrogables) se debe renegociar en breve. Una situación parecida la viven algunos establecimientos del paseo Marítim, aunque no estén a pie de playa.

El descontrol de esta actividad se traduce en dos tipos de problemáticas: la de salud pública (el año pasado ya se detectaron bacterias en los famosos mojitos preparados entre las rocas), y la económica. Aquí la queja la abanderan los chiringuitos, donde se pagan hasta 800.000 euros (según el tramo de playa) por temporada de siete meses. La competencia "desleal" de los 'camareros' ilegales resulta clara. Y es que los altos cánones que pagan al ayuntamiento (se licita por concurso pero se quejan de que sea "una subasta") les hace imposible abaratar sus productos. Por ejemplo, un mojito en un chiringuito cuesta de 8 a 10 euros y en la venta ambulante parte de 5, pero aquí siempre se puede regatear.

Roger Pallarols, director de la patronal de la restauración, critica que se prime la "especulación" con contratos cortos y a precios exorbitados que fuerzan a una rentabilidad a costa de precios más altos, en lugar de potenciar la calidad. En el mismo sentido, unos y otros arremeten contra el recorte de oferta legal: del 2017 al 2018 se pasó de 20 a 15 chiringuitos, de 2.300 a 1.150 hamacas y de 2.300 a 575 sombrillas oficiales.

Los buscavidas en seguida detectaron este hueco de mercado y este año ofertan directamente sombrillas a 15 euros (en venta, frente al tradicional servicio de alquiler) junto a pareos. El problema añadido este año, cuentan, es que el radio de 50 metros en torno a su chiringuito donde tienen permitido servir está "tan invadido de venta ilegal" que no pueden operar en él, lo que afecta a su facturación y plantillas. Por contra, han tenido que doblar el personal de seguridad ante la actitud agresiva que exhiben algunos de los ambulantes si se les indica que no ocupen esa zona.

Temporada alterada

El gremio enfatiza que el ayuntamiento "multiplica la presión e inspecciones sobre la oferta legal, frente a la laxitud con la ilegal". Ese malestar generalizado se quiso transmitir al consistorio en enero, pidiendo una reunión con responsables de Ecología y Urbanismo -que no se produjo- para buscar una solución y afrontar diversas medidas. Propusieron, entre otros, ampliar la temporada hasta mitad de marzo dado que el buen tiempo llega mucho antes del domingo de Ramos (14 de abril, inicio oficial de temporada este año) mientras que la meteorología estival es cda vez más inestable, con respuesta -poselectoral- negativa. 

La asociación de operadores mantiene que hay una pérdida de "calidad e identidad del litoral", que perciben los usuarios en forma de "molestias", ya que son continuamente abordados para ofrecerles toda suerte de artículos. Cuando algún bañista ha consumido alcohol, algunos vendedores dan el siguiente paso proponiendo marihuana o incluso éxtasis, que no llevan encima pero piden por teléfono y suministran rápidamente. 

La guinda a esta situación es que algunos vendedores irregulares se han hecho con camisetas de otras temporadas de los locales con las letras "staff" impresas, lo que encima engaña al bañista sobre el origen de su bebida.