Puigcerdà se da de baja de Municipis por la Independència

El Ayuntamiento de Puigcerdà se ha dado de baja de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) de forma temporal porque sus servicios jurídicos le han alertado de que no es legal pagar su cuota. Esta es una situación en la que ya se han ido encontrando muchos consistorios catalanes a raíz de varias resoluciones judiciales en las causas contra el independentismo. El ayuntamiento buscará ahora alguna fórmula para seguir formando parte de la entidad.

La decisión de darse de baja de la AMI responde únicamente a que las sentencias judiciales prohíben a los ayuntamientos pagar su cuota, que es de unos cientos de euros al año porque se fija en función del número de población. A pesar de que las sentencias se remontan a los primeros años del 'procés', el Ayuntamiento de Puigcerdà le ha continuado pagando hasta ahora y el equipo de gobierno municipal, formado por Junts y Futur per Puigcerdà, han remarcado la voluntad de mantenerse en la asociación.

El alcalde, Jordi Gassió, ha argumentado que la secretaría del consistorio hizo hincapié en esta situación en falso en la que podía incurrir el ayuntamiento. Se da la circunstancia de que en el último pleno municipal se aprobó una moción del AMI. Gassió ha explicado que, ante esta situación, el consistorio hablará con la AMI para encontrar la fórmula que haga posible mantener la filiación: "No es que no estemos de acuerdo, sino que simplemente es una cuestión legal. Ahora veremos qué podemos hacer".

Desde la oposición, el grupo municipal de ERC se ha mostrado muy sorprendido por la decisión, según ha explicado el concejal Àngel Llobell: "No lo sabíamos y nos quedamos muy sorprendidos porque incluso hemos aprobado una moción sobre la ley de amnistía".

Desde el año 2017, tan juzgados de lo contencioso-administrativo local y posteriormente el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han emitido sentencias en las que se remarca que las cuotas de los ayuntamientos a la AMI son ilegales porque, a su juicio, sobrepasan las competencias municipales. Las sentencias obligan a los consistorios afectados a recuperar las cuotas pagadas.