Causas abiertas por el 'procés'
Un miembro de la dirección de Òmnium se marcha de España tras ser imputado por terrorismo en Tsunami
El juez García Castellón da el primer paso para citar a declarar a Rovira y el resto de imputados en Tsunami
La jueza Polo ofrece a Puigdemont y Wagensberg declarar de forma voluntaria por Tsunami Democràtic
La ley de amnistía deja fuera el enriquecimiento y el terrorismo y la alta traición en su versión más grave
Carlota Camps
Redactora especializada en Parlament y política catalana
Graduada en Periodismo y con un máster en Análisis Político, sigue la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos catalanes.
Oleguer Serra, miembro de la junta directiva de Òmnium, ha trasladado su domicilio a Suiza tras ser imputado por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. Así lo ha anunciado él mismo en un acto desde Perpinyà, acompañado por toda la junta directiva de la entidad, que este miércoles se ha trasladado al sur de Francia para brindarle apoyo. "Me atacan a mí para atacar a Òmnium", ha denunciado Serra, considerado por la Audiencia Nacional como uno de los organizadores e impulsores de las protestas contra la sentencia condenatoria a los líderes del 'procés' por el 1-O, tras detallar que hace seis meses que cruzó la frontera.
Desde Suiza, donde ha fijado su residencia, según ha informado Òmnium, seguirá trabajando para la entidad y será el encargado, no solo de denunciar su situación personal y la del resto de imputados, sino también de "defender la lengua, la cultura y el país". Así lo ha explicado el presidente de la organización, Xavier Antich, que ha querido dejar claro que para Òmnium "el exilio es una herramienta política de denuncia, pero también una herramienta de país". "No es Oleguer Serra quien se exilia, es el Estado español quien lo exilia", ha aseverado, durante la lectura de un manifiesto redactado por la junta directiva de la entidad.
A la espera de la entrada en vigor de la ley de amnistía, ante la que la dirección de Òmnium se mantiene cauta y evita dar por hecho que cubra esta causa, Antich ha acusado la Audiencia Nacional de "criminalizar el independentismo" y vulnerar "derechos fundamentales" como el de expresión o el de manifestación. "Esto es impropio de un sistema democrático", ha remachado el líder de la entidad, que ha denunciado una "persecución contra el catalanismo" desde hace "más de 100 años" e "independientemente de quien gobierne" España. "Hay una lógica represiva ininterrumpida, pero estamos decididos a romperla", ha concluido Antich.
Ante la citación en la Audiencia
Todo ello después de que juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón concediera este martes a los imputados no aforados por el Tsunami Democràtic un plazo de 24 horas para que, a través de sus abogados, dieran a conocer "direcciones inequívocas" de donde se encuentran para poderlos citar a declarar. En esta situación se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y una decena de personas más. Entre ellas, además de Serra, está también el jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el empresario Oriol Soler; el exsecretario de Organización de ERC y exconseller Xavier Vendrell; o el periodista Jesús Rodríguez.
Diferentes son los casos de Puigdemont y del diputado de ERC Ruben Wagensberg, ya que los dos tienen condición de aforados por sus escaños en la Eurocámara y el Parlament de Catalunya, respectivamente. Por este motivo, la jueza del Tribunal Supremo Susana Polo les dio la posibilidad de declarar de forma voluntaria ante el alto tribunal a través de una videoconferencia. Para obligarlos a hacerlo tendría que cursar un suplicatorio. La fecha propuesta es entre el 17 y el 21 de junio, después de las dos citas electorales fijadas en el calendario, la catalana y la europea.
Sin embargo, el expresident se mostró convencido de que la citación quedará en papel mojado, porque calcula que entonces ya estará en vigor la ley de amnistía. Y que, en caso de ser recurrida al Tribunal Constitucional o a las instancias europeas, quedarían en suspenso todas las causas actualmente abiertas. De hecho, Puigdemont, que reside fuera del Estado desde 2017, hace unas semanas que ha trasladado su vivienda en el sur de Francia, concretamente en la comarca del Vallespir, pensando en su regreso tras las elecciones del 12 de mayo. El candidato de Junts cree que la entrada en vigor de la medida de gracia las órdenes de detención que pesan sobre él y que el caso del Tsunami también quedará cubierto, tras los cambios introducidos por su partido -de excluir solo el terrorismo en casos graves- en la última versión de la norma.
Por su parte, Wagensberg trasladó hace unos meses su domicilio a Suiza para preparar su defensa y, como explicó él mismo, para paliar los efectos de esta imputación sobre su salud mental.
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