Investigación
Anticorrupción incluye a Norma Duval como partícipe en la querella contra Matthias Kühn
La fiscalía la considera partícipe a título lucrativo por presuntamente benefiarse de los actos de su marido
La deuda al fisco supera los 13 millones
Dos hijos del magnate, también denunciados
El empresario alemán Matthias Kühn y su pareja, la ‘vedette’ Norma Duval. / E. P.
Por qué confiar en El Periódico La Fiscalía Anticorrupción de Balears ha incluido a la vedette y presentadora Norma Duval en la querella contra su marido, Matthias Kühn, el empresario alemán investigado por alzamiento de bienes, insolvencia punible y estafa procesal. El ministerio público considera a la artista barcelonesa partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de los actos de su esposo, es decir, ella no habría cometido ningún delito, pero se habría aprovechado y beneficiado de los presuntos ilícitos de su marido. Su situación se asemejaría a la de la infanta Cristina en el caso Nóos, como mujer de Iñaki Urdangarin.
Así, Norma Duval no tendría que responder por la vía penal, sino por la vía civil. Y, en el caso de que prosperara la causa judicial contra el magnate inmobiliario, que se prevé larga y compleja, podría recibir una condena civil en el marco del proceso penal.
Además de la pareja formada por la vedette y Matthias Kühn, también aparecen como querellados dos hijos del promotor inmobiliario germano, por actuar supuestamente en connivencia con su padre, y un quinto sospechoso, un ciudadano que presuntamente actuó como testaferro del promotor inmobiliario, según la versión de la fiscalía.
El ministerio público detalla en su querella que la compañera sentimental de Kühn desde 2010 contrajo matrimonio con él a finales de 2022. Unos años antes, en 2017, cuando ya se habían devengado buena parte de las deudas de una de las principales sociedades investigadas, Balearic Investments and Consultants SL, otra de las empresas sospechosas, Isla Tagomago SA, entidad utilizada por Kühn "como instrumento y refugio" para residenciar buena parte de su patrimonio, le concedió a Norma Duval una línea de crédito de 300.000 euros sin garantía hipotecaria y sin que conste que el citado préstamo haya sido devuelto, según la fiscalía.
Además, Anticorrupción señala que la pareja de famosos utilizó el principal activo de la sociedad Isla Tagomago SA, el islote de Eivissa, tal y como acreditan los requerimientos efectuados y la numerosa información publicada. Así, la fiscalía concluye que Norma Duval se benefició de esta forma "del proceso de despatrimonialización" llevado a cabo.
La Agencia Tributaria recabó pruebas que apuntan a que el magnate alemán y su familia disfrutaban de los bienes y derechos titularidad de Isla Tagomago SA en calidad de propietarios de la misma. Por ejemplo, en muchas ocasiones los datos de contacto de los clientes del islote son el propio Kühn o trabajadores de empresas de éste; los pagos del helicóptero que demuestran que transportaba a la isla al empresario, sus hijos, a Norma Duval o a ingenieros; o incluso también los reportajes concedidos por Kühn y Norma Duval en la prensa rosa en los que presentaban la vivienda del islote como propia.
Ficha a un reconocido penalista
El promotor inmobiliario, envuelto ahora en un nuevo escándalo judicial, ha cambiado de estrategia y ha optado por dar un golpe de timón en su defensa: ha fichado al reputado abogado penalista Jaime Campaner, que ayer se personó en la causa.
El magnate alemán, según Anticorrupción, ejerce un control efectivo sobre al menos 25 sociedades. Estas empresas deben a Hacienda 13,3 millones de euros, en fase ejecutiva. La fiscalía sostiene que Kühn, utilizando una docena de sociedades que están siendo investigadas, ha conseguido ocultar el patrimonio mobiliario e inmobiliario de las empresas deudoras a otras sociedades a él vinculadas para así poder eludir la deuda millonaria a la Agencia Tributaria.
El desvío patrimonial no solo se ha articulado a través de sociedades controladas desde paraísos fiscales como Liechtenstein, el querellado también se habría servido de una red de sociedades instrumentales utilizadas para refugiar los fondos percibidos por la actividad inmobiliaria, según la fiscalía.
El juzgado que investiga los hechos en Palma lo califica como un "meditado proceso de vaciamiento patrimonial".
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