El vicepresidente de la Comisión de Venecia: "El propósito principal de la amnistía es alcanzar la reconciliación"

Poco después de conocerse las líneas generales del dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía aprobada ya en el Congreso de los Diputados, Philip Dimitrov, vicepresidente del órgano europeo y ponente del informe, atiende a EL PERIÓDICO. Durante la conversación, defiende la "reconciliación" política como el "objetivo primario" de la norma, aunque reconoce, con pesar, la persistencia de la "profunda división" en España y señala la importancia de las mejoras sugeridas por el órgano del que es miembro al Gobierno de Pedro Sánchez.

En España, el Gobierno y la oposición ha interpretado de forma completamente diferente la opinión de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. ¿Cómo lo interpreta?

Lamentablemente, lo que ha mencionado demuestra la profunda división en la sociedad, en las instituciones y entre los partidos políticos [que afecta a España]. Uno de los objetivos de nuestra opinión era subrayar que consideramos que el propósito principal de la ley de amnistía es alcanzar la reconciliación, para construir puentes en lugar de crear divisiones. Esta no es una legislación común, como pueden ser otras leyes. Se basa en la idea de que existe esta profunda división y, en segundo lugar, de que esta división debe ser superada. Por ello, solo puedo interpretar esto [las opiniones divergentes del Gobierno y la oposición] como una prueba de que, desafortunadamente, esta división no parece fácil de superar.

Aun así, ¿es correcto decir que la ley respeta los fundamentales límites de la jurisprudencia europea?

Bueno, hemos formulado recomendaciones para señalar estos aspectos que podrían beneficiarse de mejoras. Hemos debatido la necesidad de claridad en cuanto a los objetivos y los límites temporales de la ley, así como la necesidad de mayores aclaraciones sobre los delitos [amnistiados]. Además, hemos destacado que, en relación con el principio de la división de poderes, el papel del comité de investigación mencionado en la ley debería ser aclarado de manera que, para preservar la independencia de los jueces, no se permita que sean convocados ni invitados a dar explicaciones sobre los casos que están tratando. También hemos puesto un énfasis especial en la importancia de que las autoridades se tomen su tiempo para fomentar la inclusión y para facilitar la construcción de estos puentes, considerando el objetivo de la ley.

Son varias recomendaciones. 

Como mencioné, es evidente que existe esta gran división en la sociedad y en las instituciones, así como entre la mayoría gubernamental y la oposición. Por eso también sería beneficioso contar con una mayoría cualificada mucho más alta que la mayoría absoluta. De esta manera, las divisiones podrán ser superadas y se podrá alcanzar la reconciliación. De lo contrario, cualquier imposición será menos eficaz.

¿Cree que una reforma constitucional hubiera sido una mejor solución para sacar adelante una ley de este tipo?

Esa es la solución ideal que mencionamos en nuestra opinión. Creemos que esta posibilidad existe y es probablemente la mejor manera de abordar este asunto. Pero, por supuesto, no ofrecemos consejos sobre cómo un país debe legislar, ni opinamos sobre la constitucionalidad de la ley, ya que esa es una tarea de los Tribunales Constitucionales de cada país.

¿Qué acontece ahora? ¿Su trabajo termina aquí?

Somos una entidad que no tiene poderes ejecutivos […]. Lo que hacemos es dar nuestra opinión y conocimientos sobre las mejores prácticas y soluciones, y no tenemos control sobre lo que hacen los gobiernos nacionales u otras instituciones.

Pero, ¿cree que España se ha encaminado por la senda correcta?

Nuestras recomendaciones están en estas conclusiones. Lo que pasará después de esto va más allá de nuestra misión. 

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