¿Por qué se investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso? 5 claves de la denuncia de la fiscalía

La denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha irrumpido en la arena política y copa el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez, cuando desde la bancada del PP le piden explicaciones sobre el caso Koldo, que afecta al exasesor principal de su exministro José Luis Ábalos. Estas son las claves de la denuncia interpuesta por la que el propio presidente del Gobierno reclamó a Alberto Núñez Feijóo la dimisión de la presidenta madrileña "aunque le cueste el puesto".

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La Agencia Tributaria remitió a la Fiscalía Provincial de Madrid el informe en el que había detectado fraude fiscal por un importe que podía ser constitutivo de delito (al superar los 120.000 euros) por parte de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente el pasado 22 de enero. El ministerio público se lo remitió a la Sección de Delitos Económicos. El fiscal que resultó encargado estudió el informe de la Agencia Tributaria y coincidió con el criterio del fisco, por lo que redactó la correspondiente denuncia, que tiene fecha del pasado 13 de febrero. Se presentó en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla el pasado día 5, señalan fuentes fiscales a EL PERIÓDICO.

Las mismas fuentes señalan que el fiscal madrileño que redactó la denuncia ignoraba que el administrador único de la sociedad investigada, Amador González Amador, era la pareja de la presidenta madrileña, pero coincidía con la Agencia Tributaria en que existían indicios de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad en documento mercantil.

Los primeros se deben a que González Amador habría presuntamente defraudado a Hacienda a través del Impuesto de Sociedades 155.000 euros en el año 2020 y 195.951 euros, en 2021. Y ello lo habría hecho "de forma consciente y voluntaria".

La denuncia fiscal, que ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, también imputa a González Amador un delito de falsedad en documento mercantil, porque considera que "en su conducta defraudatoria" declaró gastos ficticios por servicios nunca prestados para lo que las empresas también denunciadas habrían realizado facturas falsas por distintos importes de entre 10.000 y hasta 922.585 euros.

La denuncia considera que en el ejercicio de 2020, Maxwell Cremona se dedujo una factura de 620.000 euros de la sociedad mexicana Mke Manufacturing, pese a no responder a ningún servicio prestado.

En 2021, la empresa de González se dedujo una factura de 922.585 euros de la costarricense Gayani; cuatro facturas cada una de 12.800, de Púrpura Star; una de 20.000 de Baluarte Desarrollo Centro Especial de Empleo; otra de 21.200 de Manantial; cinco (tres de 10.000, una de 16.000 y otra de 20.000) de Bianconera de Servicios Profesionales; una de 10.500 de Bianconera Spa, y una de 11.495, de Ginmosur.

Ese año, Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de Masterman & Whitaker, de la que Alberto González también es socio único y administrador. Según la denuncia fiscal, "dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios", por lo que se recurría a los de Maxwell Cremona. De ahí que considere que el objetivo de estas prácticas sea "un ahorro fiscal al trasladar parte de actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la rueda de prensa del consejo de Gobierno de su ejecutivo para acusar a Pedro Sánchez de buscar su fin político: "Busca destruirme cuando el único destruido es él". Defiende a su pareja de las acusaciones negando la mayor: "Es falso que él deba dinero a Hacienda". Asegura que él, que es un ciudadano anónimo, "está sufriendo una inspeccción fiscal salvaje (...) para retrasar los 600.000 euros que Hacienda le debe a él", en referencia a los 350.000 que Hacienda le reclama y esa misma cantidad, que ya habría aportado González, pero que no paraliza el expediente, si ya está iniciado.

Tras conocerse la denuncia, la presidenta madrileña cargó con la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a través de la red X, antes Twitter. Afirmó que "fue directora general en el Ministerio de Justica con Zapatero". Rodríguez ocupó esa responsabilidad con Mariano Fernández Bermejo de ministro y luego fue asesora con Juan Fernando López Aguilar.

Lo que la presidenta madrileña no mencionó es que Rodríguez ya estaba al frente de la Fiscalía madrileña cuando el ministerio público reclamó la absolución del PP en el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores del exgerente del partido Luis Bárcenas, en los que podía guardar la contabilidad en b de la formación. También ha archivado denuncias dirigidas contra el alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, por no abrir los parques o por negarse a que la bandera LGTBI luciera en la fachada del ayuntamiento de la capital.

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