García Castellón supervisará la investigación de la Fiscalía Europea a la trama Koldo en Baleares y Canarias

El juzgado de la Audiencia Nacional del que es titular Manuel García Castellón será el supervise, a modo de juez de garantías, la investigación abierta por la Fiscalía Europea a la trama koldo por lo contratos de mascarillas servidas en pandemia a las administraciones de Baleares y Canarias, que fueron sufragadas con fondos de la UE.

El funcionamiento del órgano europeo obliga a que un juez nacional autorice las diligencias de investigación que puedan ser restrictivas de derechos fundamentales, como son detenciones o registros.

De este modo, el mismo magistrado que ha puesto en un brete al Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la tramitación de la ley de amnistía, por su decisión de remitir al Supremo los indicios que veía contra Carles Puigdemont por terrorismo, será quien tenga en España la llave para avalar desde España algunas de las decisiones que se propongan por el órgano con sede en Luxemburgo. El asunto le ha correspondido por estricto reparto, explican a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, fuentes jurídicas.

Las funciones del juez de garantías son muy limitadas. Se regulan en el artículo 8 de una Ley aprobada en junio de 2021, que es la que aplica un reglamento de la UE por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea: autorizar los registros, acordar medidas cautelares respecto de los investigados que propongan los fiscales --que son los que realmente practican la instrucción del caso--, y también decidir si se declara el secreto de la investigación y su prórroga, así como resolver las impugnaciones contra los decretos del Fiscal europeo delegado.

Decisión clave: banquillo o archivo

En todo caso, al juez de garantías se le reserva un papel esencial al término de las pesquisas de los fiscales, pues es a quien corresponde entonces decidir si opta por sentar a los investigados en el banquillo o bien archiva el asunto.

Por otra parte, y al contario de lo que ocurre con las investigaciones de corrupción en España, que muchas veces son impulsadas por las acusaciones populares ejercidas por partidos políticos, esta posibilidad se excluye de la instrucción del fiscal europeo, con independencia del papel moderador que pueda jugar a partir de ahora en este caso García Castellón.

La denuncia ante el órgano Europeo la interpuso Alfonso Serrano, actual secretario general del PP en Madrid, según detalla un decreto de la propia Fiscalía, obrante en el sumario al que ha tenido acceso El Periódico de España. Serrano firmó también la denuncia más amplia sobre esta operación en Transportes y otras relacionadas con cargos socialistas ante la Fiscalía Anticorrupción, dando origen al procedimento que hoy se instruye en la Audiencia Nacional.

No obstante, como ya informo este diario, la Fiscalía cuya jefatura ostenta Alejandro Luzón ya había remitido el pasado 8 de junio a sus homólogos del órgano europeo las actuaciones que consideraban que podrían ser constitutivas de un fraude en los fondos europeos, delito para el que son competentes.

Concretamente, analizará presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", relacionados úicamente con los contratos que las administraciones balear y canaria adjudicaron a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la empresa con la que la red de empresarios vinculados al que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos logró un pelotazo de más de 53 millones de euros en total.

El material remitido por Anticorrupcíón a la Fiscalía Europea incluye cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.