La reclamación de 2,6 millones del Govern balear ha caducado, estipula el Supremo

La reclamación de 2,6 millones de euros del Govern balear por 1,4 millones de mascarillas defectuosas contra la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, imputada en el llamado caso Koldo de corrupción, ha caducado según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En una reciente sentencia de casación, estipula que el plazo para resolver este tipo de expedientes de resolución de contratos y posterior reintegro es de seis meses como máximo, por lo que en el presente caso ya habría vencido. Ello no obstante, el Govern del PP se aferra a un informe de un organismo interno, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, según el cual todavía tendría dos meses más de plazo para resolver.

La cuestión de la caducidad cobra una importancia vital en el plano político, ya que PSOE y PP están enzarzados en un cruento debate sobre cuál de los dos ha actuado con mayor connivencia, dejadez y/o negligencia en este asunto. Los socialistas sostienen que iniciaron las actuaciones para solicitar el reintegro de las polémicas mascarillas en marzo de 2023, y fijan el inicio del expediente el 6 de julio; justo el mismo día en el que se produjo el relevo en la presidencia de Baleares.

El PP, por boca de su portavoz Sebastià Sagreras y otros dirigentes, daban hasta ahora por buena esa fecha; lo hacían para recriminar al Govern de Francina Armengol que hubiera reclamado exclusivamente tras perder el poder. Sin embargo, al entrar en juego la cuestión candente de la caducidad del expediente administrativo, las tornas han cambiado: Los populares expanden ahora que fueron ellos los que formalmente iniciaron el expediente, con una resolución del director del IB-Salut fechada el 24 de agosto del año pasado.

A efectos del Supremo, tanto el 6 de julio como el 24 de agosto excederían el plazo legal para haber concluido el expediente de reclamación. El Alto Tribunal estipula que "en los procedimientos de resolución contractual" de las Administraciones públicas "resulta de aplicación el plazo de tres meses", salvo que una normativa autonómica indique lo contrario. En el caso de Baleares, la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma, establece que "los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la Comunidad Autónoma [...] no podrán exceder de seis meses".

Dicho de otra forma, el pasado 6 de enero, si tomamos como referencia al Govern de Pacto, o el pasado 24 de febrero, si se asume como válida la fecha del PP, habría expirado el plazo máximo para exigir el reintegro de los 2,6 millones, al haber transcurrido seis meses desde el inicio de la tramitación.

La Abogacía, a destajo

Para negarlo, el Govern esgrime un acuerdo de la Junta Consultiva de Contratación, un órgano a todas luces inferior frente al Supremo, según el cual "el plazo para resolver los contratos de la Comunidad Autónoma de Baleares es de ocho meses". Siguiendo esta tesis, el Ejecutivo de Marga Prohens tendría margen hasta el próximo 24 de abril antes de que caducara la reclamación a la empresa acusada del entramado corrupto.

El Govern es consciente de lo delicado de la situación, y tiene a la Abogacía de la Comunidad trabajando a destajo para encontrar una solución jurídica que desactive políticamente el efecto bumerán que tendría a nivel nacional la más mínima conexión de un Ejecutivo del PP con el caso que afecta al PSOE.

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De hecho, ayer el Consolat ya preparaba el terreno anunciando que probablemente se dejará caer por completo la reclamación administrativa de los 2,6 millones de euros para centrarse en exigir la devolución íntegra de los 3,7 millones del contrato de las mascarillas por la vía penal. En el Parlament, la presidenta Prohens volvió a anunciar que "hay suficientes elementos para que este Govern se persone como acusación particular y como parte afectada" en una causa aparte, por la vía penal.

Después del cruce de acusaciones constantes ayer, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, exigió explicaciones a la presidenta del Govern y le reclamó que aclare de forma urgente si ha dejado caducar el expediente administrativo de las mascarillas iniciado por los socialistas.

Según Negueruela, el portavoz del PP balear, Sebastià Sagreras, afirmó hace unos días que no han dejado pasar el plazo de reclamación, a pesar de que el auto del juez que instruye el caso Koldo dice textualmente que "al hilo de lo anterior, se producen una serie de comunicaciones entre las que se infiere que si no se ha pronunciado expresamente, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de casi 3 millones de euros".

Por este motivo, Negueruela reclama al Consolat de Mar que ofrezca todos los detalles acerca de si se han reunido con la empresa: "Queremos saber en qué condiciones, si era en el marco del expediente o porque la empresa lo pidió, qué tipo de reunión era, donde se ha producido, con quién y en qué contexto".

En este sentido, el portavoz socialista detalla que la actual directora general del Tesoro, Susana Pérez, era la jefa del servicio de proveedores y tesorería del anterior IB-Salut, por lo que "era perfectamente conocedora" de este expediente, y apunta directamente al vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa: "Tiene toda la información al respecto y está mintiendo".

Negueruela también apunta que Mar Rosselló, directora de Gestión y Presupuestos del anterior IB-Salut, se reunió con Óscar González, actual jefe de los servicios jurídicos, y con Laura Montserrat, actual jefa de contratación, para hacer el traspaso de toda la información con el cambio de Govern: "Estas personas dependen de la consellera de Salud, Manuela García, quien todavía no ha dicho nada. Sabían que los plazos caducaban, se les informó y nos tienen que decir qué está sucediendo".

Asimismo, el portavoz socialista señala a Rafael Marcote como la persona encargada de recepcionar el pedido de las mascarillas y que actualmente ha sido ascendido a subdirector de Compras y Logística de la IB-Salud. Así, Negueruela pregunta al Govern por qué no hace público todo el expediente, "teniendo en cuenta que sabemos que el Govern anterior reclamó dentro de plazo y lo que no sabemos es lo que ha hecho el Ejecutivo actual".

El PP niega haber sido informado

Desde el Govern aseguran que la directora del Tesoro se halla "perpleja" ante las declaraciones de Negueruela y niega todas las acusaciones: "Ella, por las funciones que tenía, no ha gestionado nunca nada de compra de mascarillas ni ha asistido a ninguna reunión. Dice que nunca llevó nada de mascarillas".

En el auto del juez de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica, Ismael Moreno apunta que "pocos días antes de la fecha límite" para seguir con la reclamación, que fija en el 18 de enero, "se han dejado de observar comunicaciones que aborden este asunto, por lo que puede colegirse que podría haberse producido la caducidad de la reclamación y, por lo tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo ha surtido efecto". Estas presiones se habrían producido ya sobre el Govern del PP.