Caso Koldo

Feijóo no aclara si apoyará una comisión para investigar la compra de mascarillas en todas las CCAA y Ayuso la rechaza

El PP de Madrid alega que hay jurisprudencia que le lleva a descartar que se puedan investigar a las otras administraciones de manera "prospectiva" y sin "indicios previos"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles, en el Congreso de los Diputados.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

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El PP de Alberto Núñez Feijóo no aclara todavía si apoyará la comisión impulsada por el PSOE para investigar la compra de mascarillas en todas las comunidades autónomas. Los socialistas, a remolque del caso Koldo, que le ha abierto otra grieta más al Gobierno de Pedro Sánchez, han propuesto que el Congreso audite "los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la crisis pandémica". Los dirigentes del núcleo duro de Feijóo no han querido concretar si respaldarán o no esa investigación mientras el PP de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, la rechaza de plano.

Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso en la formación, ha rechazado la creación de la comisión por motivos políticos y por motivos jurídicos. Sobre los primeros, Serrano ha afirmado que los socialistas están intentando aplicar "la técnica del calamar", para que "se hable de todo y manchar a todos para que no se hable del caso Ábalos". Según el secretario general del PP de Madrid, Pedro Sánchez quiere "una comisión prospectiva a ver qué se encuentra" y tratar de "tapar los escándalos propios". Respecto a los motivos jurídicos, Serrano ha dicho que tiene "dudas" de que el Congreso de los Diputados "pueda incluso investigar cuestiones que afectan a otras administraciones que tienen sus propios controles, como son los parlamentos autonómicos". Ayuso ya estuvo bajo los focos en 2022 por la compra de mascarillas, cuando Pablo Casado, exlíder del PP, le acusó de haber beneficiado a su hermano en un contrato por el que se embolsó unos 55.000 euros de comisión. Tanto la fiscalía española como la europea no vieron ninguna ilegalidad en los beneficios obtenidos.

El rechazo de la comisión por cuestiones legales también ha sido expuesto por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El primer edil ha explicado que, cuando era portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, la oposición quiso organizar una comisión de investigación sobre lo que había ocurrido en el consistorio durante los sucesivos gobiernos del PP, pero decidieron llevarlo a los tribunales y de ahí es de donde sale la jurisprudencia a la que ahora alude el PP de Madrid para rechazar esa comisión en el Congreso.

El Tribunal Superior de Justicia dijo, según ha explicado Almeida, que una comisión “no puede tener un objeto indeterminado genérico” y tampoco “carácter prospectivo”, es decir, que tiene que ser sobre “algo concreto” y con “indicios previos”.  Fuentes socialistas rechazan estos argumentos y señalan que la Constitución española, en el artículo 76, recoge la posibilidad de que tanto el Congreso como el Senado puedan constituir comisiones de investigación "sobre cualquier asunto de interés público".

Por su parte, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, su portavoz Miguel Ángel García, ha evitado pronunciarse sobre si el Ejecutivo autonómico participaría o no en esa comisión del Congreso, dejando claro que aún falta “la calificación de la mesa” de la Cámara.

Otra en el Senado

Será interesante ver quién apoya la comisión en el Congreso. Los grupos parlamentarios del PNV, ERC y Junts, con responsabilidades en los gobiernos autonómicos de Euskadi y Catalunya durante los primeros meses de la pandemia de COVID también tendrán que manifestarse.

El PP sí defiende crear una comisión de investigación en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, y donde circunscriben el análisis únicamente a los contratos que afectan al caso Koldo. El exasesor del exministro José Luis Ábalos medió para que una empresa cerrara compra de mascarillas con varios departamentos del Gobierno y gobiernos autonómicos presididos por socialistas (Canarias y Baleares).