Un error de plazo de García Castellón abre la puerta a la anulación del caso Tsunami por parte de la Audiencia Nacional

Tres días tarde, tres días que pueden tener una importancia capital en el caso Tsunami Democràtic. La Audiencia Nacional analiza un error en la instrucción que podría anular todo el caso, ya que juez Manuel García-Castellón firmó el primer auto de prórroga fuera del plazo límite legal para poder seguir investigando. La mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, pidió anular esta investigación a finales de enero y a este recurso de reforma se suman los de otros dos imputados, Xavier Vendrell y Marta Molina, que también piden el archivo de la causa. Ahora, la Audiencia tendrá que decidir.

El pasado 2 de agosto de 2021, tres días pasado el plazo legal, García-Castellón firmó el auto en el que dictaba la primera de las cinco prórrogas de investigación. Aunque el escrito va fechado el 30 de julio (y pese a que en él se dice que la prórroga de seis meses comenzará un día antes, el 29 de julio), la firma electrónica es del 2 de agosto, fuera de calendario. Para más inri, de las cinco prórrogas dictadas por el juez, solo en esta hay este error formal, al que se agarran estos tres imputados para frenar la causa.

La defensa de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina en Bruselas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, argumentaba en un escrito presentado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 que la causa abierta se está instruyendo de forma ilegal desde julio de 2021, tal y como informaba Ángeles Vázquez.

En su escrito de 16 páginas, el abogado Gonzalo Boye argumentaba que la instrucción nunca se prorrogó con anterioridad a que venciera el primer plazo de instrucción el 29 de julio de 2021, así que todo lo instruido con posterioridad lo ha sido de forma ilegal. Lo afirmaba así en su respuesta a la consulta del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sobre la necesidad o no de prorrogar la instrucción de nuevo ahora, puesto que, según el cómputo realizado por el juzgado, el plazo vence de nuevo el próximo día 29.

Cinco días más tarde, el juez rechazó esta nulidad y, en su lugar, prorrogó por seis meses más la instrucción, al entender que aún faltan diligencias que practicar, estar pendiente el recurso del fiscal y de varios de los imputados ante la Sala de lo Penal contra la imputación de terrorismo e, incluso, de la decisión del Tribunal Supremo respecto de la exposición razonada elevada por el instructor para que asuma la investigación e impute a Puigdemont.

Tras rechazarse en recurso de reforma, ahora va en apelación, por lo que serán los tres magistrados de la Sala de lo Penal los encargados de dictaminar.