Estas son las dudas que la justicia suiza plantea al juez García Castellón para contestarle en Tsunami Democràtic

Las autoridades suizas han dejado en suspenso su respuesta a la última comisión rogatoria cursada por el juez Manuel García Castellón a Suiza en el procedimiento que tiene abierto por terrorismo en relación con la plataforma Tsunami Democràtic. Dicen tener dudas sobre si pueden o no responder al magistrado en función de si la petición "tiene un carácter político", posibilidad que les impediría cumplimentar la petición de ayuda internacional cursada.

Suiza se niega a dar información de Tsunami Democràtic a la Audiencia Nacional porque es un "delito político"

Sí. Suiza ya se negó en 2020 a ofrecer información a la Audiencia Nacional para aclarar quién estaba detrás de la plataforma Tsunami Democràtic porque, a su entender, su acción se enmarcaba en "un delito político". Se trataba de una respuesta muy similar a la que en su día ofreció un portavoz suizo ante una hipotética reclamación de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel por el 'procés', y a la prevista por Interior ante una orden de detención en ese país contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El juez requirió información a Suiza el 3 de diciembre de 2019, al poco de iniciarse las pesquisas. La contestación se recibió el 26 de marzo de 2020. Entre los datos que el magistrado preguntó estaban los nombres de los titulares de una cuenta corriente en el CIM Banque vinculada a Tsunami. El escrito de Suiza subrayaba que los hechos imputados a Tsunami están relacionados con manifestaciones de "desobediencia civil" contra "el poder central español", así como el bloqueo de infraestructuras (el aeropuerto de Barcelona) y "perturbaciones" y actos de "propaganda a favor de la independencia de Catalunya". A su entender, según la legislación suiza, estas acciones serían un "delito político", lo que les impide, "sin dejar ninguna opción", entregar información sobre la plataforma.

A la petición cursada en noviembre las autoridades suizas contestaron el pasado 29 de diciembre al Ministerio de Justicia, aunque la respuesta no ha llegado físicamente a la Audiencia Nacional hasta este martes, después de que fuera adelantada por El País y la Cadena Ser. Ello ha supuesto que la acusación que ejerce Dignidad y Justicia critique en una nota de prensa lo que considera una "utilización política de la justicia".

Las autoridades suizas señalaban que lo principal es "verificar" si la petición de ayuda judicial cursada por García Castellón "tiene un carácter político", lo que les "impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal".

Marta Rovira se persona en Tsunami Democràtic

En primer lugar, muestran su extrañeza por que el magistrado "solicite el paradero" de Rovira "mediante asistencia judicial, cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial". Tampoco dicen entender qué finalidad se persigue con esta localización. La propia Rovira se personó voluntariamente en el juzgado unos días después, lo que a su juicio hacía irrelevante la petición de ayuda internacional.

En un plano más general, las autoridades helvéticas añaden que "también desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, cardinal en el ámbito de la asistencia judicial mutua", deberían "saber la relación exacta entre Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria", en referencia al bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat y el intento de hacer lo propio en el madrileño de Barajas.

Los suizos consideran "importante destacar la implicación precisa" de Marta Rovira "en dichas manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto".

Los suizos también consideran imprescindible para responder al juez García Castellón saber si la información sobre una cuenta bancaria por la que les preguntaba cumple con los requisitos de proporcionalidad pertinentes. Para ello necesitan que el Juzgado Central de Instrucción número 6 explique "en primer lugar por qué se solicitan movimientos en la cuenta en cuestión hasta junio de 2020", cuando "los actos organizados en los respectivos aeropuertos de Barcelona y Madrid que supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta habían tenido lugar el 14 de octubre de 2019", que fue el día que se conoció la sentencia del 'procés'.

A diferencia de otras comisiones rogatorias, donde no se había anunciado ningún tipo de perdón, las autoridades suizas dicen en esta haberse enterado por "la prensa de que en España se estaba preparando una ley de amnistía para varios separatistas catalanes", por lo que agradecerían tanto al Ministerio de Justicia como al Juzgado Central de Instrucción número 6 que le "amplíen información al respecto".

En concreto, sostiene que "sería conveniente, entre otras cuestiones", que se les explicaran "las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra la señora Rovira, cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara", agrega, lo que no parece augurar que las preguntas de García Castellón vayan a tener respuesta.

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