Onze de Setembre
El Ayuntamiento de Barcelona multa a la ANC por la manifestación de la Diada
La ANC decidirá a mediados de marzo si se presenta a las elecciones catalanas
¿Hay espacio electoral en Catalunya para la lista independentista que quiere impulsar la ANC?
Críticos de la ANC impulsan una campaña contra la lista cívica y acusan a la dirección de "sectarismo"
Carlota Camps
Redactora especializada en Parlament y política catalana
Graduada en Periodismo y con un máster en Análisis Político, sigue la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos catalanes.
El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido multar con 1.501 euros a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por la manifestación de la Diada del pasado 11 de septiembre de 2023. Según consta en el expediente abierto por el consistorio, la entidad habría cometido una "infracción muy grave de la ordenanza de vías y espacios públicos" al no haber pedido licencia para instalar un escenario en la plaza de España, el punto final de la manifestación y desde donde se realizaron varios discursos. La entidad ya ha avanzado que recurrirá la decisión, al considerar que se trata de una "limitación del derecho a la manifestación".
Así lo expone la organización en un comunicado, en el que asegura que "nunca" ha pedido licencias para poner un escenario en la vía pública y cree que se trata de una "formalidad para coaccionar el independentismo" y "limitar el derecho a la manifestación". En este sentido, desde la ANC aseguran que comunicaron la manifestación, como es preceptivo, y que celebraron varias reuniones con el ayuntamiento para hablar "de temas técnicos" y para "compartir toda la información y expedientes sobre el funcionamiento de la movilización y del acto". Así que, afirman, no permitirán "este ataque" ni "pedirán permiso para poder ejercer este derecho".
Como funciona con cualquier multa de este tipo, el ayuntamiento -a través de la Guardia Urbana- da la posibilidad a la ANC de reducir la sanción económica en un 65% si asume la responsabilidad y efectúa el pago voluntario. La entidad independentista, sin embargo, ya ha advertido de que no lo hará y ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión. Además, los impulsores reclaman tener acceso a todo el expediente y que se suspenda el plazo de alegaciones "para poder ejercer legítimamente su derecho a la defensa".
También piden a la ciudadanía aportaciones económicas para "hacer frente a este tipo de ataques", ya que aseguran que no reciben subvenciones para mantener su actividad. Todo ello llega al mismo tiempo que la entidad tiene abierto un proceso de consultas internas para decidir si impulsa una nueva candidatura independentista a las próximas elecciones catalanas.
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