ERC pacta con el PSOE que el Gobierno informe sobre el cumplimiento de la ley de Memoria Democrática

Más de un año después de que se aprobara la ley de Memoria Democrática, ERC considera que varias de las medidas que se plasmaron no se han realizado aún. Ni siquiera cuando muchas de ellas estaban obligadas a acometerse en plazos de tiempo concretos. Así, los republicanos catalanes demandan que el Ejecutivo se ponga manos a las obras. Para ello han alcanzado un acuerdo con el PSOE para que el Gobierno analice cómo están algunas de las cuestiones recogidas en la norma y que informe al Congreso de los avances realizados.

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Mediante una moción consecuencia de interpelación que ha respaldado este martes por el bloque de la investidura, la Cámara Baja insta al Ejecutivo de coalición a poner en marcha la comisión técnica para el estudio sobre "los supuestos de vulneración de derechos humanos entre 1978 y 1983". Esta medida fue una de las más controvertidas, ya que supone abrir la puerta a investigar las actuaciones de los gobiernos de Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo y el primer año de Felipe González como presidente. La intención de EH Bildu, quien forzó la inclusión de esta propuesta, podría ser investigar la acción de los GAL. 

Además, también piden que se acelere la elaboración del reglamento que permitirá la "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados" entre 1936 y 1939. Esta medida, planteada por ERC durante la tramitación de la ley, hace referencia concretamente a las "instituciones de autogobierno catalán y vasca" que podrán reclamar los bienes confiscados.

Otros acuerdos

Por otro lado, el acuerdo entre ERC y el PSOE incluye las peticiones al Gobierno para que antes de julio presente ante el Congreso "el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática" que se recoge en el artículo 36 de esta norma. También un informe sobre el estado actual de la retirada de los mismos, como se establece en el siguiente artículo de la ley. En concreto, la norma deja claro que las administraciones públicas podrán imponer multas a quienes no eliminen estos símbolos y proceder a su retirada.

De igual modo, el texto consensuado este martes reclama al Ejecutivo un informe sobre "la realización de la auditoría de bienes inmuebles expoliados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y derechos de contenido patrimonial de los que fueran titulares los Ateneos, Cooperativas y entes asimilados". Además, reclaman información sobre las actuaciones para el reconocimiento y reparación a las víctimas de trabajos forzados y la señalización de los lugares relacionados o cómo van los trabajos para la creación del Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra y la Dictadura.