El pulso político

PP y Vox reclama a Armengol que la ley de amnistía decaiga porque tuvo más noes que síes

¿Qué pasa con la ley de amnistía tras el veto de Junts? Guía para no perderse

¿Cómo queda la ley de amnistía tras los últimos cambios?

(I-D) El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

(I-D) El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / EP

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

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Toda la información sobre la ley de amnistía en este especial de EL PERIÓDICO.

A cada paso que da la proposición de ley de amnistía, el PP busca ponerle la zancadilla. Después de que el martes Junts bloqueara la ley, votando en contra para forzar un mes más de negociación con el PSOE en la comisión de Justicia, los populares registraron este jueves un escrito ante la Mesa del Congreso en el que reclaman a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que la norma decaiga porque en la votación final del pleno obtuvo más votos en contra que a favor: 171 'síes' frente a 179 'noes'. Los conservadores argumentan que la ley debería haberse tumbado en ese mismo momento, en lugar de devolverse a la comisión de Justicia. Este viernes, tras conocerse el movimiento de los populares, Vox ha registrado su propio escrito en el mismo sentido.

En la anómala tramitación que está siguiendo la ley de amnistía, el PP ha vuelto a encontrar un nuevo argumento al que aferrarse para intentar tumbar la norma. El pasado martes, durante el pleno del Congreso, el Gobierno y todos sus socios votaron a favor del dictamen de la ley de amnistía, esto es el texto legislativo en sí. Sin embargo, en la siguiente votación, Junts se opuso a su aprobación definitiva, que requería de una mayoría absoluta (176 apoyos o más). El resultado fueron esos 171 votos a favor frente a 179 en contra.

A la vista del resultado, Armengol anunció que el dictamen era devuelto a la comisión de Justicia, organismo que tendría un mes para preparar un nuevo texto. Lo hizo siguiendo el artículo 131.2 del reglamento del Congreso, donde se establece que las leyes orgánicas, como es el caso de la amnistía, necesitan de una mayoría absoluta en el pleno y que "si aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes". No hay más aclaraciones. Tampoco existen antecedentes de este escenario.

Los argumentos populares

Los populares no están de acuerdo con la interpretación de Armengol. En un escrito presentado a la Mesa del Congreso piden reconsiderar la decisión de reenviar el texto a la comisión de Justicia porque la norma "no es que obtuviera una mayoría favorable aunque no suficiente" sino que hubo "una mayoría absoluta contraria en la votación final sobre el conjunto del texto". Con esto, señalan que "ese resultado inapelable supone que la devolución a la Comisión de Justicia no es aplicable en este caso".

En el escrito, los conservadores reclaman que se "reconsidere la decisión unilateral adoptada por la Presidenta" y "que declare decaída dicha proposición de ley". A consecuencia de esto, subrayan que se debe impedir "cualquier actuación o trámite parlamentario alguno tendente a reactivar o continuar un procedimiento legislativo que el Pleno ha rechazado". El PP considera que para que la norma siguiera su trámite en la comisión de Justicia -un paso que solo ha ocurrido dos veces en la historia- debería haber cosechado, como mínimo una mayoría simple.

La formación ultra, que le ha ido a la zaga, repite los argumentos del PP para acabar sentenciado que "el procedimiento legislativo [de la amnistía] ha terminado".

La textualidad del artículo

Ante las críticas, fuentes de la presidencia de la Cámara se agarran a la textualidad del artículo citado, alegando que nada se dice de que la proposición de ley deba recibir, al menos, una mayoría simple. "Es una interpretación francamente sorprendente, ya que supondría establecer un criterio que no está expuesto en la letra de la normativa y, además, ir en contra del mandato del Pleno, que siempre es soberano", aseguran.