Pujol recurrirá el cerrojazo de García Castellón y alegará que las acciones de Villarejo contra su familia no se investigan en Andorra

La decisión del juez Manuel García Castellón de no dar pábulo a las denuncias de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresident de Cataluña, sobre la participación del excomisario José Manuel Villarejo en los inicios de la investigación patrimonial contra su familia, que el empresario engloba en la denominada 'Operación Cataluña', será revisada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La defensa de Pujol ha confirmado que recurrirá en apelación el auto dado a conocer este lunes en el que el juez zanja el intento del mayor de los Pujol de personarse en la macrocausa contra el comisario jubilado. García Castelllón argumenta que Pujol no puede considerarse víctima de los delitos que alega, parte de los cuales son ya objeto de investigación judicial en Andorra.

Fuentes de su defensa discrepan de esta postura al entender que en los tribunales andorranos lo que se está investigando es un presunto delito de revelación de secretos bancarios, pero las pesquisas no engloban la actuación completa ejercida por el excomisario en perjuicio de su familia. Pujol considera que las actuaciones policiales que dieron origen a la causa cuya instrucción ha realizado la Audiencia Nacional, y que le sentará en el banquillo junto con su padre y hermanos, deben enmarcarse en las actividades delictivas del policía conocidas como 'Operación Cataluña'.

Nuevo intento tras traspapelarse su petición

Este asunto estaba pendiente de resolución desde que fue presentado el recurso contra la decisión del juez el 5 de noviembre de 2021. Sobre la tardanza, García Castellón responde en el auto conocido este lunes que el asunto se ha visto "postergado involuntariamente a causa del ingente volumen de comunicaciones recibidas diariamente en cada una de las piezas" del 'caso Tándem'. En todo caso, su respuesta permite a la defensa realizar un nuevo intento para que se investiguen los hechos ante la Sala de lo Penal.

En su auto, el propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 hace alusión a cuatro “notas informativas” analizadas en relación con otros documentos obrantes en el procedimiento podrían ser considerados como evidencia de la comisión de hechos delictivos en perjuicio directo de la familia Pujol Ferrusola, “si bien esta actividad delictiva se habría desarrollado en Andorra y ha sido objeto de investigación en un procedimiento incoado en aquella jurisdicción”, agrega.

Concretamente, y tal como reconoció la propia defensa de Pujol cuando solicitó su personación en este asunto, la Sección de Instrucción número 2 de la Batllia d’Andorra abrió en 2016 unas diligencias penales que por el momento han permitido apuntar que Villarejo, al menos durante los años 2014 y 2015, se habría concertado con Higini Cierco propietario de la Banca Privada d’Andorra (BPA), para recabar información bancaria sobre la familia Pujol-Ferrusola. 

Estas diligencias le valen al juez García Castellón para señalar que los hechos que pretende que él investigue ya son objeto de un procedimiento en Andorra, por lo que considera que allí es donde Pujol "si lo estima oportuno y si así lo permite la legislación procesal de aquel país, deberá personarse como perjudicado”.

Implicación de Javier de la Rosa

La cuestión es que la denuncia de Pujol va más allá de esta posible revelación de secretos bancarios y apunta a que Villarejo, "actuando al margen de cualquier legalidad y sirviéndose de su condición de funcionario público", falseó documentos de carácter mercantil, obtuvo información de carácter íntimo respecto del mayor de los Pujol y ofreció "ventajas y cobertura económica y policial a distintos testigos para presentar declaraciones moldeadas de signo pretendidamente incriminador".

Entre los asuntos aportados en su día al juez García Castellón y que la defensa cree que deben ser investigados está la existencia de tres intrusiones en el domicilio de su exesposa. También sendas declaraciones judiciales en las que la ex amante del empresario, Victoria Álvarez, y el industrial Javier de la Rosa reconocían haber formulado sendas denuncias contra él a instancias de Villarejo y de su socio Rafael Redondo. 

Sobre este en particular, en el auto inicial en el que rechazó investigar el asunto, con fecha de octubre de 2021, García Castellón ya apuntaba, en coincidencia con los fiscales Anticorrupción adscritos al caso, que del análisis de las grabaciones del comisario con De la Rosa y la expareja de Pujol Ferrusola no podía deducirse "ningún tipo de coacción o indicación para tergiversar el relato por parte de quien recibe la información", lo que viene a corroborar la ausencia de mala praxis en la participación de Villarejo en las pesquisas desarrolladas contra la familia Pujol, lo que lleva a descartar su personación como perjudicada

La defensa de los Pujol considera, sin embargo, que debería analizarse si las denuncias de De la Rosa y de Victoria Álvarez -- que señaló a su expareja por malos tratos y por una supuesta actividad patrimonial irregular en Andorra-- pudieron guardar relación con la actividad de la denominada policía patriótica. 

Considera esta parte que no debería darse cerrojazo a unas pesquisas que permitirían conocer quienes presuntamente realizaron investigaciones extrajudiciales respecto de documentación íntima y confidencial arrebatada a los Pujol, ya que según esta parte podrían haber elaborado exprofeso información mercantil falsa para imputar diferentes delitos a la familia.