Tragedia en la base de Cerromuriano
La familia de uno de los soldados muertos en Córdoba denuncia que la justicia militar trate de hacerse con el caso
Los letrados anuncian que recurrirán la imputación del capitán, de un teniente y de un sargento por la jurisdicción castrense
Las acusaciones de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez, fallecido durante unas maniobras el pasado 21 de diciembre en la base de Cerro Muriano (Córdoba), han denunciado este sábado la "extralimitación" de la justicia militar, después de que el viernes se conociera la imputación de un sargento, de un teniente y del capitán al frente del ejercicio por un presunto delito contra la eficacia del servicio.
Por ello han anunciado mediante un comunicado que recurrirán el auto emitido por el juzgado togado Militar 21 de Sevilla, así como la inhibición por parte del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba. Una decisión, ésta última, que ya dieron a conocer cuando el juez Rodríguez Laínz, titular del juzgado cordobés, dejó el caso en manos de la jurisdicción militar.
La inhibición "no es firme"
"La imputación de la Justicia Militar es una extralimitación de competencias porque el mismo auto reconoce que la inhibición de la jurisdicción civil no es firme por estar recurrida. Si la inhibición no es firme, es obvio que la justicia militar no puede iniciar ningún tipo de actuación", explican los abogados.
Profundizando en ello, apostillan: "Hasta que la inhibición fuese firme, cuestión que hemos recurrido, la Policía Judicial se debe a quien ostenta actualmente la competencia, que es la Justicia Civil".
Además, siguiendo esa argumentación, los letrados de las acusaciones lamentan que el atestado fue entregado a la justicia militar, pese a que "no tiene asumidas las competencias del caso" y a que "siguen las investigaciones e indagaciones". Así lo señala, según aseguran, el propio documento de la Guardia Civil.
Homicidio doloso
La familia del cabo Jiménez, que murió ahogado junto al soldado Carlos León, durante la práctica de un ejercicio de paso de aguas, considera que la imputación a los tres mandos es, además, inferior a lo que ellos creen oportuno.
Por tanto, concluyen que el juzgado militar "se extralimitó en sus competencias y se infralimitó en sus acusaciones". Contra el "extemporáneo auto", presentarán el día 22 un recurso. Insisten en que la jurisdicción civil es "más garantista".
Los abogados que conforman las tres acusaciones, sumando a Luis Romero en representación de la familia de Carlos León, apuntan a que se produjo un homicidio doloso, considerando que el capitán era consciente de que las condiciones no eran las adecuadas para realizar las maniobras y, aun así, autorizó su práctica.
Dos de las acusaciones revelaron que no existía línea de vida ni otras medidas de seguridad en el lago artificial donde sucedieron los hechos, así como que las mochilas no flotaban y que algunos soldados llevaban lastres como castigo.
El abogado que representa a los padres del joven militar sevillano informó, asimismo, de su intención de imputar a toda la cadena de mando, incluyendo al coronel y al general de la brigada. Una opción que, por su parte, también barajan los dos letrados que defienden los intereses de los padres y de la viuda del cabo cordobés.
En ese sentido, el penalista, que también recurrirá la decisión de Instrucción 4 para que el caso se redirija por la vía civil, explicó que, de seguir por el curso de la Justicia Militar, lo apropiado sería que se elevara al Tribunal Militar Central.
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