El Consejo del Poder Judicial responde a las palabras de Ribera sobre García Castellón: vulneran la lealtad institucional y contribuyen al deterioro

Las palabras de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha pronunciado este viernes en relación con el último auto del instructor de la causa Tsunami Democràtic, manifestando la "querencia" de Manuel García Castellón por dictar sus resoluciones "en momentos políticos sensibles", han motivado una reunión de carácter extraordinario de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que las ha censurado de forma unánime, señalando que vulneran el principio de lealtad institucional y contribuyen al deterioro de las instituciones.

En su declaración, el núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces, sus vocales tanto conservadores como progresistas, entienden que estas manifestaciones de Ribera son también contrarias "al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar".

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Las palabras de Ribera también han enfadado enormemente a los jueces y especialmente a los compañeros de García Castellón en la Audiencia Nacional, que estiman que pueden interpretarse como una "inaceptable" acusación velada de prevaricación.

"Sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", dijo Ribera en 'La hora de la 1' de TVE.

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, por su parte, estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de los ciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, por lo que "merecen un rotundo rechazo", máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos.

En este punto, los vocales apelan a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y juezas españoles.

La única asociación de jueces que ha declinado valorar lo sucedido ha sido Jueces y Juezas para la Democracia, tradicionalmente cercana a los postulados socialistas. Sin embargo, para la asociación mayoritaria, la Profesional de la Magistratura, no debe perderse de vista que en una democracia plena las decisiones de los jueces "se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales". 

"Lo que resulta inaceptable es este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en nuestro país", señala la nota que hicieron pública tras conocer las manifestaciones.

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A juicio de esta asociación de corte conservador, no puede aceptarse que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de lawfare y desjudicialización de la política. Con esta opinión coincide Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que afirma que señalar a jueces sólo genera desconfianza en la ciudadanía y que debe tenerse en cuenta que "los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política".

Funcionamiento de la justicia

"Los pronunciamientos judiciales, en un caso como este obedecen a una petición de las partes: se da respuesta a un recurso. Si el juez no diera respuesta estaría cometiendo un delito. Resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del Gobierno parezca desconocer cómo funciona la Justicia", afirma, para añadir una exigencia de "respeto" al poder Ejecutivo. 

Para Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, si hay que hablar de “querencias” habría que empezar "por la nuestros políticos a protestar públicamente cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas".

En declaraciones a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, Portillo explica que "los tiempos de los procesos judiciales no dependen enteramente de los jueces", y específicamente el de Tsunami, lleva mucho tiempo investigándose, años, y lo que no puede hacer es acomodarse su tramitación a los intereses políticos de nadie según el momento, parando cuando no vaya a molestar a ningún partido".

De hecho, apunta que si la Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial del juez, este no se habría tenido que pronunciarse justo en este momento. "Lo que no pretenderá nadie es que el juez no resuelva un recurso de la fiscalía a la espera de que termine la tramitación de la ley de amnistía -apunta Portillo-. En todo caso, sobran los señalamientos públicos, y menos por decisiones que no son en absoluto definitivas: si esto es o no terrorismo, dependerá finalmente de lo que instruya y, en su caso, juzgue la audiencia Nacional".

Malestar en la Audiencia

Las palabras de la ministra han generado además un profundo malestar en el seno de la Audiencia Nacional, donde algunos magistrados recuerdan que no instruir esa causa sería "prevaricar" y lamentan incluso que se busque aplicar la amnistía de "forma preventiva".

También explican cuando un fiscal presenta un recurso existen unos plazos concretos para dar respuesta por parte del juzgado, y que la resolución de García Castellón se produjo en tiempo --en respuesta a un recurso del pasado 22 de noviembre--y después de que la Sala de lo Penal tumbara el incidente de recusación que pendía contra él, el de Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont.

El propio García Castellón pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial el pasado noviembre por las declaraciones del ex 'número dos' de Justicia Tontxu Rodríguez, que le acusaba de querer influir en las negociaciones de la amnistía por dirigir la investigación contra Puigdemont. El debate de este asunto se aplazó hasta que el Tribunal Supremo dé respuesta a la exposición razonada que García Castellón elevó al Tribunal Supremo atribuyendo indiciariamente delitos de terrorismo al expresident Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas 

Posteriormente, García Castellón amplió su petición de amparo para incorporar unas manifestaciones posteriores del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, si bien la decisión sobre la admisión a trámite de esta solicitud ampliatoria está paralizada pendiente también del Supremo.