Reguant (CUP) recurre al TEDH la condena del TS por no responder a Vox en el juicio del 1-O

La exdiputada de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que la condenó a una multa de 13.500 euros por un delito de desobediencia grave a la autoridad al negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el juicio del 1-O.

En un comunicado este jueves, los anticapitalistas han informado de que Reguant "pretende continuar con la vía de denuncia contra la extrema derecha y la connivencia de los poderes del Estado", y han detallado que reclamará así el derecho a objeción de conciencia.

La 'cupaire' también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia del Supremo, y el alto tribunal español la rechazó en julio considerando que "no se le había vulnerado ningún derecho". Además, la CUP ha informado de que el 31 de enero, el TS resolverá el recurso de casación presentado por el también exdiputado de la CUP, Pau Juvillà, contra su condena de inhabilitación, que hizo que tuviese que dejar su escaño en la Cámara catalana. La Junta Electoral Central (JEC) dejó sin efecto su credencial de diputado tras ser condenado por un delito de desobediencia por negarse a cumplir las resoluciones que exigían la retirada de lazos amarillos en el Ayuntamiento de Lleida en 2019, cuando era concejal.

La multa impuesta a Reguant es muy inferior a la solicitada en su momento por la Fiscalía, que pedía cuatro meses de cárcel e inhabilitación. Los jueces explicaron en su momento que la sentencia era comedida ante la conciencia de que una pena privativa de libertad le hubiera obligado a dejar entonces su escaño en el Parlament de Catalunya. Sobre la multa consideraron que se ajustaba "a la capacidad económica de la acusada" por su sueldo de diputada autonómica.

Los jueces consideraron en su momento que Reguant no contestó a Vox sabiendo a lo que se exponía y conociendo su obligación legal de hacerlo. Reguant consideró que "aceptar la presencia de aquellos que niegan derechos fundamentales en el juicio era una declaración de intenciones por parte del poder judicial, era imposible obtener Justicia en aquel tribunal y aquel procedimiento".

El fiscal del caso, Carmelo Quintana, hizo firme su petición de cuatro meses de prisión e inhabilitación por un delito de desobediencia al entender que nada justificaba su negativa a contestar a todas las preguntas como testigo, tal y como obliga la ley. El abogado defensor de Reguant, Daniel Amelang, por su parte afirmó que ni la sala advirtió de forma correcta a la parlamentaria de las consecuencias de sus actos y que, además, no contestar a las preguntas de Vox fue un ejercicio de "libertad de expresión y conciencia".