Reunión de trabajo
Marlaska y Elena pactan celebrar la Junta de Seguridad de Catalunya en el primer trimestre
Reunión sobre seguridad entre Marlaska (izquierda) y Elena (derecha), en primer término.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo en la Generalitat, el 'conseller' Joan Ignasi Elena, han acordado hoy celebrar una reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya durante el primer trimestre de este año. Según han informado a EFE fuentes del ministerio y de la Consellería de Interior, Marlaska y Elena, que han celebrado este martes una reunión de trabajo durante más de dos horas en la sede del ministerio en un clima de cordialidad, han valorado satisfactoriamente el grado de coordinación entre las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra. Además, han constatado el buen grado de cumplimiento de los acuerdos acorados en la última Junta de Seguridad en Catalunya y han acordado celebrar una nueva reunión de la Junta durante el primer trimestre este año.
En la reunión, Elena también ha reiterado la petición que planteó en noviembre pasado su consellería de un servicio de escolta para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, una cuestión que está pendiente, según el ministerio, de un informe de la Abogacía del Estado. Elena pidió por carta en noviembre pasado a Marlaska que el Gobierno autorizara de forma urgente un servicio de protección "adecuado y dimensionado" a Puigdemont, que lo reclama desde 2018.
Protección para Puigdemont
"El 'president' Puigdemont, como cualquier 'expresident', precisa de un servicio de protección adecuado y dimensionado", apuntaba Elena en la carta, en que solicitaba a Marlaska que, en aplicación del artículo 42 de la ley orgánica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, relativo al procedimiento de protección de autoridades públicas fuera del ámbito territorial, diera las instrucciones "necesarias" para su "efectivo" cumplimiento.
Elena también pedía en la carta a Marlaska que llevara a cabo los "trámites oportunos" entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las autoridades belgas para el traslado de las armas reglamentarias de los agentes que deberían prestar el servicio de protección a Puigdemont.
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