El PP se agarra al Supremo para justificar la disolución de partidos que promuevan referéndums de independencia

Un día después de registrar en el Congreso de los Diputados su propuesta de disolver partidos políticos que promuevan referéndums de independencia ilegales, una iniciativa que despierta dudas sobre su constitucionalidad entre los especialistas jurídicos, el PP ha justificado el cambio penal en las más altas instancias judiciales. “Es una reivindicación del Tribunal Supremo”, ha dicho este jueves su portavoz parlamentario, Miguel Tellado. 

Los conservadores se basan en el auto que el tribunal dictó a mediados de febrero, tras la derogación del delito de sedición, en el que advirtió que la reforma, impulsada por el PSOE a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, dejaba impunes los procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación. 

El PP plantea disolver partidos políticos que promuevan referéndums de independencia ilegales

Pero los magistrados en ningún momento abogaron por una modificación del Código Penal como la que propone el PP, criticada por la comunidad jurídica, que subraya que el Tribunal Constitucional siempre ha defendido la legalidad de las formaciones que no comulgan con la Carta Magna, ya que este es un texto no militante. La desaparición de la sedición, señaló el Supremo hace poco menos de un año, ha “generado un vacío normativo en el que hechos como los que fueron enjuiciados en la sentencia que ahora se revisa [en referencia a la del referéndum de 2017] pueden topar con visibles grietas de tipicidad”.

Las tres principales medidas

La propuesta del PP, que no tiene ningún viso de salir adelante al no contar con votos suficientes en el Congreso y forma parte de la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, incluye tres principales medidas. Por un lado, la disolución de los partidos políticos que promuevan un referéndum ilegal de independencia. Por otro, penas de prisión de 5 a 10 años para la autoridad que promueva el incumplimiento de las leyes o las resoluciones judiciales o declare la independencia. Y por último, de uno a cinco años de cárcel para quien convoque o realice actos para llevar a cabo una consulta ilegal.

“En España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos. Pretendemos rearmar al Estado ante una posible amenaza de partidos que quieran llevar adelante procesos secesionistas. Los socios de Pedro Sánchez no solo no se han arrepentido de los hechos de 2017, sino que además, en sede parlamentaria, han dejado clara su voluntad de volver a hacerlo”, ha señalado Tellado, en referencia a ERC y Junts Per Catalunya. 

El portavoz del PP en el Congreso, por último, se ha revuelto contra las críticas por hacer seguidismo de Vox. Hace apenas seis semanas, los populares tumbaron con su mayoría absoluta en el Senado una moción del partido de extrema derecha que pedía la ilegalización de las formaciones independentistas “por sus constantes intentos de alterar la paz pública, la convivencia y de terminar con la democracia”. 

“Se trata de propuestas distintas. Vox se refería a la ley de partidos. Nosotros, de tipificar delitos dentro del Código Penal”, ha concluido Tellado.