El 'eje Bolaños-Guilarte' en la política de aislamiento del sector conservador ultra, por Ernesto Ekaizer

¿Será Justicia un ministerio de nueva creación? La ironía viene a cuento de un hecho: el nombramiento del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como ministro de Justicia, ha impulsado la actividad de una cartera que no estaba ni se le esperaba, vamos, casi inexistente en los últimos años. Paso a paso, en cuestión de días, Bolaños va siendo cada vez más ministro de Justicia que de Presidencia.

No era Bolaños del todo ajeno a Justicia, habida cuenta de su protagonismo en las negociaciones de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con Teodoro García Egea, el número dos de Pablo Casado, con quien llegó prácticamente al pacto de proceder al nombramiento de los vocales con el sistema mixto asociaciones de jueces-cámaras legislativas vigente -es decir el que introdujo José María Aznar y corrigieron Alberto Ruiz Gallardón y Carlos Lesmes en 2013. Para ello, el PSOE y el PP se comprometían, junto con la renovación, a impulsar una comisión en el Congreso para estudiar en seis meses otras opciones y elaborar una nueva ley que se aplicaría en la siguiente renovación –es decir dentro de cinco años-, pero el contubernio se frustró.

Volvió Bolaños a arañar el acuerdo definitivo con el hombre designado por Alberto Núñez Feijóo, Esteban González Pons, quien aseguró a EL PERIÓDICO nada más ser nombrado que el PP "no dilataría la renovación".

Pero el cambio del delito de sedición en el Código Penal anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez hacia finales de octubre de 2022 sirvió en bandeja el argumento para la renovación -no del CGPJ- sino del bloqueo. Feijóo, pues, se encaminaba a La Moncloa en las elecciones teóricamente previstas para diciembre de 2023 o enero de 2024 y ya como presidente del Gobierno acometería desde allí su plan.

En el camino, en diciembre de 2022, el PP perdió la batalla para bloquear la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional (TC) apoyándose en los mandatos de dos magistrados que correspondía nombrar al CGPJ (el presidente Pedro González-Trevijano, ya con mandato caducado en 2022) y de Antonio Narváez (nombrado a propuesta del PP para sustituir en 2014 a Enrique López, que dimitió por ser pillado saltándose con su moto un semáforo en el centro de Madrid con el cuadrúple de la la tasa de alcoholemia permitida a las 7:30 horas del domingo 1 de junio de 2014), también con el mandato caducado en 2022.

La baza de la vallisoletana María Luisa Segoviano, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, propuesta por el sector llamado progresista del CGPJ para incorporarse al TC fue un gol que le coló el presidente en funciones Rafael Mozo al líder del sector ultra y recalcitrante del CGPJ, José María Macías, cogiéndole 'in alvis'. La mayoría no pudo ser abortada como pretendía el socio del bufete Cuatrecasas Macías. El hombre fuerte en la instrucción del procés detrás de los bastidores -del juez Juan Antonio Martínez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y del magistrado Pablo Llarena en el Supremo- no ocultó su irritación.

Presiones para normalizar la situación

La entrada de Núñez Feijóo en La Moncloa sugiere un cambio de frentes. El PP ha tensado demasiado el uso de su mayoría conservadora ultra en el CGPJ. Si bien esa tensión tenía como horizonte la victoria de Núñez Feijóo y, por tanto, parecía posible aguantar “un poco más”, la situación es diferente con el nuevo Gobierno de coalición. Núñez Feijóo sufre ahora más presiones de la propia carrera judicial -ávida de nombramientos en los tribunales empezando por el Tribunal Supremo- para normalizar la situación. Pero tanto el debate de la ley de amnistía como las elecciones gallegas, vascas y europeas, parecen conducir al presidente del PP a aplazar cualquier negociación hasta después del verano de 2024, aunque entonces también asomará en el horizonte inmediato la elección autonómica en Catalunya (hasta el 14 de febrero de 2025). La rivalidad con Vox también le impide mostrarse negociador con el PSOE, conducta que se observa en cómo arrastra los pies ante la propuesta de reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

Bolaños sabe que la renovación del CGPJ, por el calendario apuntado, llevará largos meses y según fuentes solventes trabaja em esa dirección. Intenta acoger el distanciamiento del presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, quien considera que su principal contribución a la crisis es favorecer la renovación. O al menos sentar las bases de ella.

Si bien los medios captaron la semana pasada en sus titulares, la exhortación de Guilarte al poder legislativo -"Déjennos en paz”, apuntando a los ataques de Junts en el Congreso al debatirse la proposición de ley de amnistía-, fuentes judiciales señalan que la "otra parte" de su discurso quizá fuera todavía más sugerente. “Aquella en la que el jefe de los jueces, por así decir, le dice a los suyos que no monten espectáculo”, dijo la fuente.

Discurso de equilibrios

En efecto, Guilarte hizo un discurso de equilibrios. “Y desde dentro asumamos también nuestra neutralidad a menudo distorsionada, pues la independencia judicial es bidireccional: no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco las nuestras en lo suyo. Lo menciono porque sin duda, estos episodios tienen un efecto devastador al minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y, en el caso de las víctimas de la violencia de género, contribuyen a aumentar la sensación de desprotección. Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios”.

Esta idea de que la independencia es “bidireccional” es el grano de arena que pretende aportar Guilarte. Precisamente, este lunes 18 de diciembre, Bolaños le devolvía, en el acto de entrega de los despachos de nuevos fiscales, en el paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, que compartió con Guilarte y el fiscal general del Estado, Álvaro García, el compromiso del Gobierno de “defender siempre a los jueces”. El ministro añadió: “En democracia, el campo de juego son las instituciones y todos debemos mantener esa institucionalidad y lealtad al sistema democrático. Todos sin excepción”.

La conducta de Guilarte, por otra parte, parece diferir de la del presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, quien tras los ataques en el Congreso, canceló una cita prevista con Bolaños, que ha sido aplazada para este jueves 21 de diciembre. Fuentes judiciales señalan que Marín Castán, que preside la sala de gobierno del Supremo, que integran los presidentes de todas las salas. se encuentra en tierra hostil al Gobierno y que, quizá por ello, ha tenido que hacer un gesto de reproche al mismo, aun cuando nadie del Gobierno ha participado en los ataques a magistrados del Supremo.

Bolaños hará de bombero una vez más este jueves en la Comisión de Justicia. En cuanto a los ocho miembros miembros incondicionales del PP en el CGPJ ya saben que no pueden contar con Guilarte para las operaciones abierta y manifiestamente partidistas.

Suscríbete para seguir leyendo