Sánchez hace equilibrios con los independentistas catalanes y vascos para estabilizar la legislatura

El bloque de investidura está marcado por las tensiones competitivas entre sus integrantes. Entre ERC y Junts, por un lado, y EH Bildu y PNV, por otro. La gobernabilidad descansa en el reparto de banderas entre estos actores, sin favorecer a unos sobre otros, y por el momento Pedro Sánchez está jugando a los equilibrios para contentar a todas las partes con la necesidad de atar los próximos Presupuestos. El acuerdo para facilitar el bastón de mando de Pamplona a EH Bildu, a través de una moción de censura, es una buena muestra de ello. En Euskadi, sin embargo, los socialistas insisten en garantizar la “estabilidad” de un gobierno con el PNV, aunque los abertzales los superen en las próximas elecciones vascas.

El juego de equilibrios se hace más complejo con los partidos independentistas catalanes. Los gestos de protagonismo y el cortoplacismo se imponen frente a la “paciencia estratégica” de los vascos. De ahí que antes de la reunión de Sánchez con Pere Aragonès agendada para el próximo 21 de diciembre se haya anunciado por parte de Junts que el presidente del Gobierno se reunirá también con el 'expresident' Carles Puigdemont. Ni en Moncloa ni en Ferraz niegan este encuentro revelado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, aunque descartan que se produzca a “corto plazo”.

“Lo que pase en el futuro se verá, pero ahora mismo no hay nada en agenda”, explican desde Ferraz. Sánchez, desde Bruselas, aseguró al ser preguntado sobre el encuentro con Puigdemont que "veo mi agenda y en ella lo que tengo es una reunión con el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, el día 21 como consecuencia de la visita que vamos a hacer al supercomputador de Barcelona". Equilibrios.

En cualquier caso, Sánchez acudiría al encuentro, en el extranjero, en calidad de secretario general y no como presidente del Gobierno. Aragonès será el primer presidente autonómico con el que se reunirá Sánchez tras su investidura. Junts, aunque de producirse la reunión entre Sánchez y Puigdemont sería “sin fotografías ni logos de partido”, según el propio Turull, no ha dejado pasar la oportunidad de marcar terreno frente a su competidor por la hegemonía dentro del independentismo catalán.

En el acuerdo de investidura, los posconvergentes ya lograron comprometer una reunión de la mesa de negociación antes de que acabase el mes de noviembre. Se aseguraron así la prioridad de este encuentro con el bilateral de Sánchez y Aragonès o de la puesta en marcha de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Las negociaciones para la investidura, con la carrera de fondo por capitalizar la ley de amnistía, ya visibilizó la competición entre ERC y Junts que está marcando estos primeros compases de la legislatura. El PSOE pactó la amnistía primero en el acuerdo con los republicanos, pero Junts retrasó su firma para poner su sello a la norma.

Ante el temor de los partidos independentistas intenten capitalizar la norma promoviendo enmiendas, desde el Ejecutivo ha trasladado que solo aceptarán retoques técnicos. “Si hay algún cambio, será menor, de tipo técnico”, han señalado los interlocutores socialistas sobre la futura ley, negando que exista el peligro de que los procesados por el Tsunami Democràtic y los CDR quedasen fuera del carpetazo judicial. Al mismo tiempo, concluyen que se aprobará definitivamente con los mismos 178 votos que le dieron luz verde el pasado martes en el Congreso.

El aviso de Puigdemont

Los socialistas han tenido que hacer también equilibrios respecto a la demandada figura de un mediador internacional para verificar los acuerdos. Desde el PSOE expresaron su deseo de que el mecanismo de verificación y su portavoz fuese el mismo en el caso de Junts y en el ERC, pero los posconvergentes quieren alejar su negociación lo máximo posible de las de los republicanos. Más todavía de la mesa de diálogo entre gobiernos que siempre denostaron. Un motivo por el que habrá dos mediadores distintos. Al igual que habrá dos mesas de negociación distintas, aunque con objetivos muy similares.

De los resultados de estas mesas dependerá la estabilidad de la legislatura. Los acuerdos que el PSOE firmó con Junts y ERC coinciden vincular su viabilidad a los avances. En el caso de ERC, en el texto se especifica “las diputadas y diputados de ERC apoyarán la investidura de Pedro Sánchez y, en paralelo al cumplimiento de los compromisos adquiridos en este acuerdo, darán estabilidad a la legislatura a través de una negociación”. En el de Junts, su último punto recoge que ambas partes acuerdan "la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los pactos que resulten de las negociaciones". El propio Carles Puigdemont, en su intervención del pasado miércoles en el pleno del Parlamento Europeo donde Sánchez hizo balance del semestre europeo, avisó de que el incumplimiento de los compromisos tendría “consecuencias desagradables”.

Agenda social con Bildu y guiños económicos al PNV

Si ERC y Junts se miran de reojo en su pugna a la hora de capitalizar reivindicaciones, no es menos en el caso de PNV y EH Bildu. Sobre todo a las puertas de los comicios vascos, aunque ambas fuerzas priorizan un horizonte más a largo plazo y la estabilidad de un Gobierno progresista frente a la alternativa de PP y Vox. Antes de los comicios está previsto avanzar en el traspaso de competencias comprometidas en el acuerdo de investidura con el PNV.

La modificación del impuesto extraordinario a las energéticas es un guiño al PNV, que ha cargado contra este tributo, pero también a Junts. Al igual que la intención de revisar el impuesto extraordinario a la banca, como anunció el viernes la vicepresidenta económica Nadia Calviño y a lo que rápidamente se opuso la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. EH Bildu, por su parte, aspira a arrancar “avances sociales” en el marco de las negociaciones para los Presupuestos, sobre las que ya se han producido encuentros.

Durante el pleno del Congreso de esta semana, la portavoz de los abertzales en el Congreso, Mertxe Aizpurua, estuvo reunida en la sala de Gobierno de la Cámara alta, donde se encontraban varios ministros, entre ellos la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Aunque la cita coincidió con el acuerdo para la moción de censura en Pamplona, fuentes 'abertzales' explicaron que se abordaron otros temas parlamentarios y forma más tangencial los Presupuestos de 2024.