Una acusación de Tsunami Democràtic pide que se multe a la mano derecha de Puigdemont por mala fe

Una de las acusaciones populares personadas en la causa abierta por las protestas convocadas por Tsunami Democràtic, Dignidad y Justicia, se ha opuesto a todos los incidentes de recusación interpuestos por las defensas contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. En el último, el presentado por Josep Lluís Alay, jefe de la oficina en Bruselas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pide incluso que se le imponga una multa si se aprecia "mala fe" en su actuación.

La Audiencia Nacional reprende a García-Castellón por no elevar a la Sala su recusación en Tsunami Democràtic

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la acusación popular argumenta que la defensa de Alay, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, que también representa al expresident, sostiene que no supo que García-Castellón se había pronunciado sobre la amnistía hasta que fue rechazada la recusación presentada por el empresario Oriol Soler, el primer imputado que hubo en la causa.

Dignidad y Justicia sostiene que la personación de Alay como imputado se produjo el mismo día que Soler recusó al magistrado, no cuando se rechazó su petición, por lo que la nueva recusación presentada contra García-Castellón debe ser rechazada también de plano por extemporánea, ya que no se interpuso en cuanto se tuvo noticia del motivo alegado para que el juez se aparte, requisito previsto en la ley para tener alguna posibilidad de prosperar.

En el caso de Alay, además, solicita la "inadmisión a trámite ad limine" (de plano) de la recusación "y subsidiariamente la desestimación del mismo", pero que también se le condene "expresamente en costas", y, si aprecia mala fe, que se le imponga una multa.

Las dos recusaciones rechazadas de plano en un principio, la de Oriol Soler y la de Oleguer Serra, se basaban en las manifestaciones que realizó el magistrado en relación con la amnistía del 'procés', que no dudó en calificarla de inconstitucional. En una conferencia el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 afirmó que en "la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible".

Sobre los líderes del 'procés', añadió: "¿Estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo? Por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?". Unas palabras que, según la defensa de Soler y de Serra, ejercida por el abogado Benet Salellas, apuntaban a que el magistrado tiene un "interés directo o indirecto en la causa" que investiga por un delito de terrorismo.

Este mismo viernes se ha sabido que el juez ha cambiado de criterio y, tras ser llamado a consultas por el presidente en funciones de la Sala de lo Penal, tramitará los incidentes presentados por ambos imputados para apartarle de Tsunami Democràtic, lo que supone que será el tribunal el que decidirá si puede seguir instruyendo la causa o no. Mientras tanto el procedimiento quedará en manos de la sustituta natural de García-Castellón, la jueza María Tardón.