El Gobierno y la Generalitat asumen que darán escolta de nuevo a Puigdemont pero no fijan plazos

El expresidente Carles Puigdemont no es noticia solo por una eventual amnistía o por haber pactado con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez. Desde este martes también lo es porque ha vuelto a reclamar que se le asigne una escolta en Bélgica y, por primera vez en años, tanto el Gobierno como la Generalitat han mostrado predisposición a concederle esta petición. El problema es que ninguno de los dos ejecutivos se fija un plazo para concretarlo ni coincide exactamente en cómo debe hacerse. De momento, la Generalitat ya ha enviado esta tarde al Ministerio del Interior la petición formal para restituir la seguridad del expresident.

El primer paso lo ha dado este martes por la mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha asegurado que el Ministerio del Interior "tramitará" la petición para que los Mossos d'Esquadra puedan cubrir la escolta del expresident. En una entrevista en RAC-1 ha asegurado que "nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber". "Creo que el Ministerio del Interior tramitará la petición y resolverá lo que toque", ha aseverado.

A partir de aquí, todas las miradas han apuntado hacia el ministerio. Fuentes de Interior han explicado a EL PERIÓDICO que no podían tomar medidas en este asunto hasta que la Generalitat pidiera formalmente esta protección -entonces aún no lo había hecho-, ya que los Mossos de Esquadra son "policía integral en Catalunya" y tenían "la competencia en esa materia". En ese momento, nadie se había puesto en contacto con ellos. Ni Puigdemont, ni su entorno, ni el propio Govern.

Pero la Generalitat ha movido ficha por la tarde remitiendo al ministro Fernando Grande-Marlaska una carta firmada por el conseller Joan Ignasi Elena. Allí se reclama un "servicio de protección adecuada y dimensionada" para Puigdemont como el que tiene cualquier expresidente de la Generalitat. El escrito también dedica algún reproche al Gobierno, ya que recuerda que desde que el expresident se fue a Bélgica el Estado había rechazado esta protección. También la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, había criticado todas las "trabas y negativas" que se habían dado hasta ahora.

La Generalitat sabe que es un asunto delicado. Tanto el conseller de Interior actual, Joan Ignasi Elena, como sus dos predecesores, Miquel Buch y Miquel Sàmper, siempre tuvieron problemas con esta cuestión porque se encontraban en medio de dos presiones: la de Puigdemont para tener escolta, y la del Gobierno para negársela.

El beneplácito belga

Antes de que la Generalitat enviara la petición formal, Interior ya se había comprometido a evaluarla. A partir de aquí, tendrá que ponerse en contacto con el Ministerio del Interior belga. Así, para la seguridad de Puigdemont en Bélgica, la palabra final sobre cualquier plan le corresponde de forma exclusiva al gobierno belga que es quien decidiría finalmente si acepta la llegada de agentes armados a su territorio o si prefiere asumir el encargo en solitario.

Así, todas las partes asumen que Puigdemont debe tener de nuevo escolta, pero la operación no será fácil porque debe incluir al menos tres gobiernos: el catalán, el central y el belga. La principal conclusión es que el expresident puede volver a pensar por primera en seis años que recuperará la escolta, pero nadie le puede garantizar cuándo.

En Madrid, fuentes policiales descartan que Interior vaya a tramitar nada relacionado con esa petición de escolta mientras no esté aprobada y en vigor la ley de amnistía. Hacerlo sin la cobertura de esa ley arriesga a quien tramite la escolta a una denuncia por prevaricación y/o malversación de caudales públicos. Y la propia ley de amnistía cubre los delitos cometidos hasta este día 13 de noviembre, no da cobertura para denuncias posteriores.