La ley de amnistía fija un plazo de dos meses para su aplicación y frena que los recursos la puedan paralizar

La proposición de ley registrada este lunes en el Congreso añade varios preceptos dirigidos a lograr una rápida aplicación de la amnistía y a evitar que los jueces puedan paralizar su aplicación mediante cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o los tribunales europeos.

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Así se desprende del artículo 10 de la norma, que establece que su "tramitación preferente y urgente" por los órganos judiciales, administrativos o contables en cada caso "cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate". El artículo añade que las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, "que no tendrán efectos suspensivos".

Esta misma idea ya se adelanta en una parte de la Exposición de Motivos, que incide en que el carácter singular de la norma que "excepciona" la aplicación de la ley "los hechos acontecidos en un determinado contexto en aras del interés general" deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas "incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad", así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas. Es decir, se aplica la amnistía con independencia de que los jueces concernidos tengan dudas de constitucionalidad que prevean plantear ante la propia corte de garantías u organismos europeos.

En el artículo 4, destinado a explicar los efectos de la ley sobre la responsabilidad penal, se dice también expresamente que a entrada en vigor de esta ley implicará "el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía". Añade que la aprobación de la norma y su entrad en vigor supondrá, por lo tanto "la finalización de la ejecución de las penas impuestas" a todos aquellos juzgados por actos vinculados con el procés independentista en Cataluña.