La extensión de la condonación de deuda amenaza con abrir un conflicto entre las comunidades del PP

Las comunidades autónomas del PP se revuelven contra el acuerdo de investidura firmado entre PSOE y ERC. El pacto incluye una condonación de deuda parcial para Cataluña cifrada en 15.000 millones, que responde al 20% de lo que la Generalitat adeuda con el Estado por haberse acogido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Todos los presidentes autonómicos populares coinciden en que se trata de “un traje hecho a medida” a cambio de los votos de los independentistas catalanes. Pero la extensión de esa condonación de deuda al resto de autonomías de régimen común, incluidas las que no hayan utilizado el FLA como la Comunidad de Madrid, puede poner en un aprieto a los territorios gobernados por el PP. 

El Gobierno pretende hacerlo a través de un nuevo mecanismo que permita al Estado “asumir parte de la deuda autonómica con éste, originada por el impacto negativo del ciclo económico", según dice el documento acordado entre socialistas y republicanos. Se podrán beneficiar todas las autonomías con la excepción del País Vasco y Navarra. Las segundas comunidades que tendrían un alivio importante en sus arcas públicas serían la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que acumulan un endeudamiento de 48.344 millones y 10.286 millones respectivamente. 

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el cálculo procederá de "una fórmula técnicamente complicada" que no se limita a aplicar directamente un cálculo del 20% sobre la deuda en el FLA de forma igual para todas las comunidades, sino que estima otro factores para corregir la cifra, teniendo en cuenta "el impacto de la crisis financiera". En el Gobierno se muestran convencidos de que el cheque que se extenderá a cada comunidad, también a Madrid, será "difícil" de rechazar.

Las autonomías del PP llevan tiempo advirtiendo de las contraprestaciones económicas que sospechaban que se incluirían en el acuerdo de investidura, más allá de la ley de amnistía. De hecho, los barones populares se dieron cita en el Senado hace dos semanas para lanzar un frente común con dos mensajes claros: estudiarían todas las vías legales si se confirmaba una condonación de deuda a Cataluña que fuera en contra de la igualdad entre comunidades, y no aceptarían privilegios en materia de financiación por la puerta de atrás. 

Sin embargo, el PP asume que el frente judicial es muy complicado. Desde el área económica apelan a que hay que conocer bien el mecanismo y tener "la cabeza fría" antes de decidir si pueden montar una ofensiva judicial. El revés que previsiblemente el Tribunal Constitucional dará al recurso al impuesto a las grandes fortunas elevado por Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia, avalando el tributo del Ministerio de Hacienda, pone trabas a esta vía e invita a pensar en otras fórmulas, señalan sin dar más detalles al respecto.

"Andalucía no lo necesita"

En esa línea empezaron ya a manifestarse los presidentes autonómicos al poco de hacerse público el acuerdo. Andalucía pide 17.800 millones de euros para recibir el mismo trato que Cataluña. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sacó la calculadora al poco de firmar el acuerdo Félix Bolaños y Oriol Junqueras. El Gobierno andaluz ya se había posicionado en contra de una condonación de deuda, que "premia a las comunidades que peor han gestionado". En su caso, Moreno considera que desde que el PP llegó al Ejecutivo autonómico ha recortado su deuda, dejó de acudir únicamente al FLA y colocó deuda en los mercados privados.

“Andalucía no quiere condonación del FLA, no lo necesita”, explican fuentes de la Junta. Moreno reclama el mismo trato que a los catalanes, estima que los 16.300 millones de euros “equivalen a una condonación de 2.099 euros por habitante”, según el último dato del censo de Cataluña publicado en el Instituto Nacional de Estadística. “De ahí salen los 17.800 millones que reclama Andalucía, según también el último dato del censo de Andalucía del INE”, añaden.

Fue el actual vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, quien en su etapa como consejero andaluz de Hacienda hizo gala de su apuesta por la ortodoxia presupuestaria y se afanó en embridar las cuentas. Una máxima vigente en el actual Presupuesto para 2024 presentado por su sucesora, la consejera Carolina España, que sigue apostando por amortizar deuda. “En Andalucía decimos que no, que ya basta de insultos y desigualdades”, avisó.

Además, la Junta de Andalucía mantiene la reivindicación del fondo de compensación transitoria para recuperar los 15.000 millones de euros que considera que ha perdido por un sistema de financiación que ha perjudicado a Andalucía con respecto a la media del país desde 2009. Una cifra que sale del cálculo, que hizo la propia ministra María Jesús Montero cuando era consejera andaluza, de 1.000 millones de euros al año ante un modelo, pactado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ERC, que no tenía en cuenta la población real de Andalucía.

"La letra pequeña"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, desvió la atención de la condonación de deuda centrándose en “las prebendas que se incluirán en los próximos Presupuestos Generales” a raíz de este mismo acuerdo. “Ya les digo yo que los murcianos no van a ser los beneficiados ni habrá equidad en los Presupuestos. Vamos a ver la letra pequeña”, decía, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la deuda. Su autonomía, en efecto, también podría beneficiarse de la medida pactada con ERC. 

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue de los más taxativos: “Como advertí en el Senado, no nos quedaremos callados ante la injusticia en materia de financiación y condonación de deuda. Este acuerdo genera desigualdad entre todos los españoles y da carta de naturaleza a favoritismos que supondrán agravios tanto para nuestra tierra como para el conjunto de España. Iremos a los tribunales”, zanjó. También Jorge Azcón, presidente de Aragón, tachó de “disparate absoluto” la condonación pactada entre PSOE y ERC. “Una decisión que nos afecta a todos y crea desigualdad entre los españoles. Lo que Cataluña no paga, lo pagamos todos”, zanjó.

Ayuso, a la espera

¿Y qué ocurre con Madrid? Es la única autonomía que no se ha acogido al FLA, pero el mecanismo del Ejecutivo prevé una compensación igualmente. Isabel Díaz Ayuso reaccionó al pacto con la siguiente afirmación: “Hoy la democracia se vende. Sánchez es un peligro para España. El silencio del PSOE convierte a los socialistas de todas las comunidades en independentistas”, escribió, ampliando la responsabilidad a todo el Partido Socialista. Se trata de la única reacción en la Comunidad, donde en el entorno de la presidenta se miden mucho las palabras acerca del acuerdo sobre la quita de la deuda y la financiación. 

A la espera de analizar el contenido concreto de lo propuesto por Hacienda y ver cómo afectará a la región —tanto por lo que recibe como por la situación en la que quedará Madrid respecto a quienes se ven más beneficiadas— en la Puerta del Sol se limitan a decir que ellos nunca han necesitado endeudarse con el Estado y que por eso siempre han sido críticos con la quita de la deuda, porque entienden que podría haber un “agravio comparativo”. Esto que ya decían cuando empezó el debate en pleno verano, hoy puede tener matices vista la medida concreta que ha puesto Hacienda sobre la Mesa. 

Desde la dirección nacional, Cuca Gamarra criticó durísimamente el acuerdo a última hora de la tarde. El PP entiende que el acuerdo confirma la ruptura de la igualdad entre españoles, aunque deja en manos de sus autonomías el grueso de la reacción. Está por ver cómo lidian con su socio en muchos gobiernos autonómicos porque Vox ya ha solicitado consejos de gobierno extraordinarios para tratar las consecuencias del pacto entre Sánchez y los independentistas.